La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, decidió incluir en las investigaciones a las exministras Pilar Mazzetti (Salud) y Elizabeth Astete (Relaciones Exteriores), al figurar ambas en lista de 487 personas que recibieron las dosis inmunizantes del laboratorio chino Sinopharm.
Existe un documento oficial de la Fiscalía que señala que los delitos imputados a las exministras son: colusión y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. El archivo fue obtenido por la unidad de investigación del diario Correo.
En el documento fiscal se señala que ambas exfuncionarias -al igual que el expresidente Vizcarra-, incurrieron en delito al ser vacunadas, “a pesar de no estar comprendidas en la lista de voluntarias para el ensayo clínico, ni en la relación de funcionarios precisados en la Fase 1 del Plan Nacional contra el COVID-19”.
En los próximos días, Mazzetti y Astete deberán declarar a la Fiscalía.
Prisión preventiva
Para el abogado penalista Andy Carrión, los delitos cometidos por las exministras pueden sancionarse hasta con ocho años de cárcel, incluso la Fiscalía podría solicitar la prisión preventiva para ambas como el impedimento de salida del país.
“Como ministra de Salud, Pilar Mazzetti fue una de las funcionarias que estuvo detrás de las negociaciones con Sinopharm. Se podría decir que la vacuna que recibió fue a modo de presunta prebenda. Igual la exministra Elizabeth Astete, quien si bien llegó luego de la firma con Sinopharm, también fue inoculada”, explicó.
En tanto, para el abogado penalista Luis Lamas Puccio, los complicados abrían actuado como una organización criminal.
“Los funcionarios beneficiados con la vacuna habrían actuado como una organización criminal, porque han habido roles y jerarquías distintas en actividades (ilícitas) permanentes, en desmedro de la necesidad de la población por las vacunas y el acceso a la salud pública”, precisó.
Renuncias
En horas de la mañana de hoy, se informó que la Facultad de Medicina de la UPCH exigió a las autoridades comprometidas en el caso vacunagate, renuncien a sus cargos.
Y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el Tercio Estudiantil presentó una moción de vacancia contra su rector, Orestes Cachay, y el vicerrector de Investigación, Felipe Antonio San Martín.
C.Q.R.
