El último 14 de agosto, el Poder Judicial sentenció al gobernador regional de Puno, Walter Aduviri Casisaya, con una condena de seis años de cárcel como presunto coautor de los actos violentos ocurridos durante el conflicto social denominado el Aimarazo.
Sin embargo, antes de que se produjera su captura y su traslado a la cárcel, la máxima autoridad de Puno, fugó del lugar y en estos momentos se encuentra en la clandestinidad, aunque esta mañana ofreció su descargo sobre este tema en un medio local.
Mediante una llamada telefónica, Aduviri Casisaya rechazó la sentencia impuesta por el Poder Judicial debido a la falta de medios probatorios que comprueben ser parte de dichos actos de violencia. Asimismo, sostuvo que los 140 testigos proporcionados por el Ministerio Público son parte de efectivos policiales y personas encubiertas que buscan perjudicarlos mediante sus testimonios.
«Voy a tener que agotar todas las medidas legales que corresponden. Estamos en ese proceso. Posteriormente, vamos a tener que acudir a instancias internacionales», indicó Walter Aduviri sobre su proceso ante el Poder Judicial.
Asimismo, dicha sentencia sostiene que Aduviri Casisaya debe realizar el pago de una reparación civil de 2 millones de soles por los daños causados durante las protestas donde se quemaron y saquearon diversas instituciones públicas de la región de Puno.
S.V.Z.
