Hay que defender la majestuosidad presidencial

Por: Alejandro Marco Aurelio Capcha Hidalgo
Periodista: Reg.-N°- 4654 –


El ciudadano peruano tiene que saber diferenciar la investidura de la institución presidencial con la persona quien lo ejerce. Para ello hay que ser puntual; actualmente la regenta la señora Dina Boluarte Zegarra, por sucesión constitucional a consecuencia que el 07 de diciembre de 2022, Pedro Castillo es vacado por el Congreso de la República por intentar quebrantar el orden constitucional, o atizar un intento de autogolpe y su posterior destitución del Congreso, como manda y consagra la Constitución. Pero, sin embargo, Boluarte desde que asumió el más alto cargo público (la primera mujer presidente) no procura salir del marasmo en la que siempre estuvo desde que su partido político, Perú Libre triunfa en las elecciones presidenciales con un IDEARIO, que más parece un LIBRO DE RECLAMOS adicionado con las hilarantes ocurrencias de sus camaradas, el gran, ex premier, Puka Bellido, Kelly Portalatino, Bermejo, y demás chistosos.

Han pasado más de un año y no existe el mínimo interés de replantear su nefasto ideario nutrida de tóxicos gases ideológicos a un genuino, verdadero y serio proyecto socioeconómico que indiquen las necesidades prioritarias que requiere con urgencia el país. El ejecutivo del gobierno de Boluarte tiene los indicadores económicos desde que fue ministra, ahora de los diversos ministerios que explican como estamos atascados por carecer de propuestas que se alineen con la economía global; las que vienen invertir, crear fuentes de trabajo, las que pagan impuestos a la Sunat…etc.

No hay que olvidar, que la presidente Boluarte viene de las canteras ideológicas de la izquierda radical, del Partido Político, Perú Libre, liderado por el delincuente escurridizo Vladimir Cerrón Rojas; a la que ahora la presidente Dina Boluarte lo protege en la clandestinidad con la cooperación de algunos malos policías de alto rango. A ello se suma la descarada complicidad monetaria y crematística con los congresistas de todas las bancadas que, por mantenerse en el poder, y pase lo que pase, ya sea hasta ingobernable el país, quedarse hasta el 2026. No necesitan firmar un pacto social-político tangible, porque es tan tangible que la evidencia taciturna retraída de los representantes de ambos poderes del estado los delata y que hasta al más ágrafo en una sociedad tecnificada lo percibe a kilómetros.

Es necesario subrayar, la presidente procede de las repulsivas filas neosenderistas, y existen pruebas fehacientes para enrostrarlo si algún día lo niega. Si ostenta ahora el cargo de presidente del Perú, es por gracias al zopenco de Castillo que se autogolpeó. Pese a que pendían sobre ella graves acusaciones penales, pero nunca entendió que su gobierno debía proyectarse por tres años y meses. Oportunamente fue sostenida en la inercia por Alberto Otárola, un personaje que sabe más como politiquero que político que nos distrajo por meses con su incipiente verborrea. Al menos trató de ubicarse en la coyuntura sacrificando a peruanos de buena fe, sin subestimar que es más sagaz que el cándido del flamante premier, Adrianzén. Tampoco es novedad que los ciudadanos repudian a Boluarte, a pesar que no es de derecha, solo la boda con las bancadas parlamentarias le permite anquilosarse en un cargo donde se ha empoderado con gestos de escándalos guiado por la frivolidad de los relojes Rolex, que hoy le pasan la factura; y es bien lamentable la defensa política a la presidente; es paupérrimo. El primer ministro Adrianzén dio lástima en la entrevista dominical. Ni que decir de la defensa jurídica, es improvisada. Pedir dos semanas para declarar ante la fiscalía y luego rogar para una diligencia inmediata delatan falta de estrategia.

Pero el gobierno –y esta es la diferencia con la institución presidencial– debe defenderse más allá de las personas. No debió permitirse que la fiscalía abusara de sus atribuciones a punta de combazos. El agravio es al país y a la majestad del cargo., nada menos que en vísperas de APEC. Tampoco debió tolerarse el show mediático del allanamiento ni la filtración infame de los hallazgos fiscales. La alianza fiscal – caviar prostituye y caricaturiza a la justicia.

Jurídicamente el caso no encaja en las disposiciones constitucionales sobre vacancia e inhabilitación. De modo que la raya está trazada: de un lado, sin casarnos con Dina, los demócratas debemos resistir, defender y votar contra la inestabilidad porque permitir un adelanto electoral con el mismo Jurado Nacional de Elecciones JNE, del inefable, Salas Arenas y Piero Corvetto de la oficina Nacional de Procesos Electorales, la misma ONPE, además de 32 partidos en campaña, sería temerario kamikaze. Quieran o no quieran los izquierdistas caviares tendrán que admitir otra vez su derrota por pretender desestabilizar a vuestro país. Enfatizo, que la señora presidente, Dina Boluarte Zegarra no es santa de mi devoción, y menos voté por Castillo; pero sin embargo tendremos que defender la estabilidad democrática, y los cojudignos rumiantes que sigan botando bilis.