Tribunal Constitucional admite demanda contra ordenanza del alcalde Carlos Canales de Miraflores

“El burgomaestre ha paralizado la construcción de edificios de departamentos, afectando a desarrolladores, inmobiliarias y propietarios de inmuebles”

Se ha generado conflicto en el distrito de Miraflores (Foto: La República).
El Tribunal Constitucional acogió la demanda de inconstitucionalidad que presentó la Defensoría del Pueblo contra la ordenanza municipal N° 610 del alcalde de Miraflores, Carlos Canales Anchorena. Asimismo, se le otorgó un plazo de 30 días para presentarse y responder.

La ordenanza municipal N° 610, dispone que las “medidas complementarias para la evaluación de expediente de obras privadas con informe técnico favorable emitido por revisores urbanos”, dañan el principio de seguridad jurídica y la autoridad de cosa juzgada, sobre todo en los artículos 2, 3 y 4, según la Defensoría del Pueblo.

La disposición del alcalde de Miraflores, Canales, publicada el 11 de julio del 2023, ordena a la Subgerencia de Licencias de Edificaciones Privadas la “fiscalización posterior del cien por ciento de los informes técnicos favorables emitidos por los revisores urbanos”, ya que ha resultado en la suspensión de la edificación de las viviendas de interés social.

Bajo la ordenanza, el alcalde Carlos Canales ha ordenado la paralización de cientos de obras en proyecto y ejecución, lo que perjudica a los desarrolladores inmobiliarios, a las constructoras, a los trabajadores de construcción civil, etc. Por ello, la Defensoría del Pueblo en su demanda de inconstitucionalidad del 9 de enero de este año, indica que en los artículos 2, 3 y 4 de la ordenanza de Canales se vulnera el principio de seguridad jurídica y la autoridad de cosa juzgada, así como el principio de presunción de validez del acto administrativo.

La Defensoría indicó que la Ley n° 29090 de Regulación de habilitaciones urbanas y de edificaciones no le da poder a la municipalidad para suspender las licencias de habilitación urbana y licencias de edificación concedidas mediante los informes técnicos favorables (ITF), a menos que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) haya resuelto el procedimiento de nulidad de oficio.

Además, el 4 de enerom, Canales emitió un decreto mediante el cual se ofrece a las empresas constructoras, a cambio de reconocer falsas infracciones en agravio de la comunidad del distrito de Miraflores, que entreguen “donativos”, de lo contrario, el municipio procederá con la demolición de las construcciones privadas generando una ola de quejas.