El parlamentario Fernando Rospigliosi, perteneciente al partido Fuerza Popular, expresó su objeción el día de hoy a la política del gobierno de expulsar a los extranjeros como medida contra la inseguridad ciudadana. Según su punto de vista, esta política es inviable debido al gran número de extranjeros y el gobierno no parece tener una estrategia clara para su ejecución. Además, señaló que hasta el momento no se ha explicado cómo el gobierno piensa expulsar a los extranjeros que no cumplan con los trámites necesarios.
El martes, el gobierno aprobó un decreto que permite la expulsión inmediata de extranjeros que se encuentren de manera irregular en el país o que realicen actividades que amenacen la seguridad nacional y el orden interno. Sin embargo, la postura del congresista Rospigliosi plantea dudas acerca de la efectividad de esta medida.
Por su parte, el jefe de gobierno, Alberto Otárola, declaró el día anterior que aquellos extranjeros que no hayan completado el trámite de regularización migratoria antes del plazo establecido, estarán sujetos a la ley. Esto podría indicar que el gobierno está buscando implementar medidas más duras en contra de los extranjeros que no se encuentren en situación regular en el país.
Rospigliosi mencionó que en el país existen muchos extranjeros irregulares, y que la deportación en masa no sería factible debido a la falta de capacidad logística. Por esta razón, sugiere que la política de seguridad ciudadana debe enfocarse en luchar contra los delincuentes extranjeros.
Asimismo, el congresista sostuvo que es importante para los peruanos identificar y capturar a los delincuentes que son la verdadera preocupación de la seguridad ciudadana. Además, el parlamentario señaló que la mayoría de los venezolanos que migraron al Perú son trabajadores que han huido del régimen comunista y socialista del siglo XXI, y que buscan un lugar donde trabajar y vivir. En este sentido, subrayó que el gobierno debe centrar su atención en la lucha contra la delincuencia y no en la estigmatización de los inmigrantes venezolanos como delincuentes.
El también exministro del Interior también objeta la sugerencia de deportar a los extranjeros con residencia en el país. Rospigliosi argumentó que hay varios cientos de miles de extranjeros no registrados en situación irregular, y que no existe una infraestructura adecuada para llevar a cabo una expulsión masiva. En lugar de eso, enfatizó que la prioridad en materia de seguridad ciudadana debería ser la lucha contra aquellos extranjeros que cometen delitos.
De acuerdo a lo mencionado, el parlamentario Fernando Rospigliosi expresó que la idea de utilizar vuelos para deportaciones podría ser una alternativa viable para algunas centenas de personas, pero que resultaría inviable para una cifra tan grande como los 400 mil extranjeros que se encuentran actualmente en situación migratoria irregular en el país.
Añadió que para realizar estos vuelos se requiere de la autorización del país al que se planea llevar a los deportados, y que esto podría ser un problema con el gobierno venezolano si se negara a recibirlas. En su opinión, esta solución no es práctica dada la gran cantidad de personas, y señaló que no había visto cifras actualizadas después del plazo de regularización, pero que en todo caso se trataba de un contingente demasiado grande para cumplir con esta medida.
Gobierno bajo sospecha
El congresista Fernando Rospigliosi hizo comentarios sobre las mociones de censura presentadas contra Vicente Romero, el Ministro del Interior, en el Congreso. Según su punto de vista, es probable que en los últimos días la propuesta haya perdido apoyo entre algunos miembros del Parlamento debido a una posible manipulación del voto por parte del Ejecutivo.
Además, expresó su preocupación acerca de los movimientos del Gobierno y manifestó que no sabía cómo estaría la situación en el momento presente. Por otro lado, esperaba que no hubiera bancadas ni congresistas que se dejaran seducir por algún tipo de intercambio inconfesable.
Según la opinión de Rospigliosi, Vicente Romero no debe seguir al frente del Ministerio del Interior. En primer lugar, Rospigliosi considera que el enfoque de Romero ha sido únicamente en hacer declaraciones llamativas de estado de emergencia cada vez que ocurre un evento violento y en reorganizar la estructura policial creando nuevos grupos operativos al costo de desmembrar unidades policiales que ya estaban en funcionamiento. Esto se ha hecho con el único propósito de dar una imagen visualmente más atractiva.
De acuerdo con lo expresado por Rospigliosi, es crucial dar una señal al Gobierno de que el Congreso no toleraría la situación actual o peor de lo que está, ya que el ministro de seguridad ciudadana “vive de eso”. A pesar de que el Congreso no puede ejecutar la política de seguridad ciudadana, sí puede exigir al Gobierno que tome medidas efectivas y no solo medidas superficiales. Es necesario que el Gobierno tome medidas contundentes para mejorar la seguridad ciudadana y no solo se preocupe por dar una imagen visualmente más atractiva.
