El Consejo de ministros aprobó un decreto legislativo con el objetivo de reducir la incidencia de extorsiones en el país, disponiendo la baja obligatoria de teléfonos celulares utilizados con este propósito. La medida otorga la facultad de solicitar la baja de estos números telefónicos a diversas entidades, incluyendo el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Instituto Nacional Penitenciario, el Poder Judicial y el Ministerio Público.
El decreto establece las responsabilidades legales de las empresas operadoras en relación con la identificación y registro de abonados, así como del personal involucrado en la contratación de servicios telefónicos. Para validar la identidad de los titulares de nuevos números telefónicos, se requerirá la verificación de información biométrica mediante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y la Dirección Nacional de Migraciones.
Además, se incorporará en el Código Penal el artículo 222-D, sancionando la posesión ilegítima de dispositivos telefónicos con la intención de adulterar, reemplazar, duplicar o modificar su código IMEI.
En otra medida, el Consejo de Ministros aprobó un decreto legislativo que establece elementos agravantes para los delitos de entorpecimiento de servicios públicos y disturbios. Se considerará agravante causar grave daño sobre recursos, infraestructuras y sistemas esenciales para el desarrollo y mantenimiento de las capacidades nacionales. Respecto al delito de disturbios, se determinan agravantes relacionadas con la afectación de vías terrestres y fluviales, así como de infraestructuras clave como la portuaria, aeroportuaria, ferroviaria, de salud pública, de telecomunicaciones, y de transmisión y distribución de energía.
