El 30 de septiembre, el Gobierno declaró oficialmente la disolución del Congreso de la República y convocó a elecciones para un nuevo Parlamento. Mediante un decreto supremo, publicado en el diario oficial El Peruano, el Ejecutivo justificó que el cierre del Congreso fue por haber negado la confianza a dos Consejos de Ministros del Gobierno elegido para el periodo 2016-2021, manteniéndose en funciones la Comisión Permanente.
Este miércoles, se cumple un mes de haberse publicado este decreto con la firma del presidente Martín Vizcarra y Vicente Zeballos Salinas, titular del Consejo de Ministros. Con esto los congresistas disueltos, ha excepción de los integrantes de la Comisión Permanente, pierden una de sus principales prerrogativas, la inmunidad parlamentaria.
Según el artículo 93 de la Constitución Política de Perú, se establece que los parlamentarios “no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes de haber cesado en sus funciones, excepto por delito flagrante”.
La inmunidad parlamentaria es una prerrogativa constitucional de la que gozan los parlamentarios, por la cual no pueden ser detenidos o presos por sus opiniones, ni procesados o detenidos, sin la autorización previa del Congreso de la República o de la Comisión Permanente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 93° de la Constitución Política de Perú.
Desde hoy, son varios los congresistas que podrían ser procesados. Moisés Mamani, Yesenia Ponce y Betty Ananculí son algunos de los excongresistas que pueden ser procesados libremente por la Fiscalía como cualquier ciudadano.
Moisés Mamani, quien llegó al Parlamente con el grupo político Fuerza Popular, es investigado por un caso de tocamiento indebido a una trabajadora de una línea aérea. El Ministerio Público investiga a Yesenia Ponce Villarreal por la presunta comisión del delito contra la fe pública, en la modalidad de falsedad genérica en agravio del Estado, debido a que presuntamente pagó S/ 10 000 al exdirector de un colegio para obtener un certificado de estudios.
En junio de este año, la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria declaró improcedente la solicitud para levantar el fuero a la congresista fujimorista Betty Ananculí por la presunta comisión del delito de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica en agravio del Estado.
A.C.R
