La Fiscalía de la Nación, por medio del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, inició diligencias preliminares a distintos personajes debido a las declaraciones de Jaime Villanueva.
En primer lugar, contra Benavides Vargas, por delito contra la administración pública-tráfico de influencias agravado y cohecho activo específico, así como al fiscal supremo Pablo Sánchez, por delito contra la administración pública-tráfico de influencias agravado; y a la congresista Ruth Luque como instigadora de tráfico de influencias agravado.
De igual forma en el caso del suspendido fiscal Rafael Vela Barba, por el delito contra la administración pública; y del prófugo dueño de Perú Libre Vladimir Cerrón, por delito contra la administración pública-tráfico de influencias agravado.
También serán sometido a indagaciones el fiscal Marco Huamán Muñoz, por delito contra la administración pública-cohecho pasivo específico y cómplice primario del delito de cohecho activo específico; Miguel Ángel Girao por delito contra la administración pública-tráfico de influencias agravado y finalmente a Pablo Talavera Elguera por delito contra la administración pública-cohecho activo específico.
El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, explicó a un medio local que se les incluyó en la misma carpeta fiscal a los investigados no aforados con los que sí debido al principio “de unidad de investigación y por haber participado en los hechos que se le atribuyen a los aforados”.
Además, Villena agregó que esta indagación requirió un “análisis riguroso” de las declaraciones que Villanueva Barreto ante la fiscal suprema Delia Espinoza.
“Vamos a recabar cierta información, por ejemplo, carpetas fiscales, expedientes judiciales, y con ellas se hará la evaluación y la confrontación de la declaración (de Villanueva) y ahí ampliaremos nuestra investigación en contra de otros funcionarios aforados y no aforados”, detalló el titular del Ministerio Público.
