El motivo de las denuncias constitucionales es por supuesta infracción constitucional, al haber apoyado la cuestión de confianza respecto a un proyecto de ley presentado ante el Congreso.
La Comisión Permanente del Congreso otorgó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) un plazo de hasta 15 días hábiles para que realice la investigación —y presente su informe final—respecto a las denuncias constitucionales, en el extremo admitida a trámite y declarada procedente, contra Pedro Castillo y a exintegrantes de su gabinete ministerial.
Los denunciantes cuestionan la presentación, en noviembre pasado, de una cuestión de confianza por parte de los denunciados, sobre una norma que —por su naturaleza de ley orgánica— haría la cuestión de confianza ilegal o inconstitucional.
Asimismo, señalan que al momento de presentar la cuestión de confianza se habría condicionado la aprobación del proyecto de ley en cuestión, entre otros considerandos.
La votación fue de 19 congresistas a favor, 9 en contra y ninguna abstención, en la sesión de este miércoles 21 dirigida por el presidente del Congreso, José Williams.
El titular del Parlamento sostuvo que el plazo propuesto se otorga en aplicación del primer y segundo párrafo del inciso d) del artículo 89 del Reglamento del Congreso. Cabe indicar que, en los extremos declarados improcedentes de estas denuncias, pasan al archivo.
¿Cuáles son las denuncias constitucionales?
Se trata de las Denuncias Constitucionales 318, 320, 322, 324 y 325 acumuladas presentadas por los congresistas Patricia Chirinos, Adriana Tudela (Avanza País), Héctor Valer (Somos Perú) y Juan Burgos Oliveros (No agrupados), en el extremo siguiente:
– Contra Pedro Castillo Terrones, en su condición de expresidente de la República, en el extremo de la presunta infracción de los artículos 38 y el numeral 1 del artículo 118 de la Constitución.
– Contra Aníbal Torres Vásquez, en su condición de expresidente del Consejo de Ministros
– Contra Daniel Barrangán Coloma, en su condición de exministro de Defensa
– Contra Willy Arturo Huerta Olivas, en su condición de exministro del Interior
– Contra Félix Chero Medina, en su condición de exministro de Justicia y Derechos Humanos
– Contra Dina Boluarte Zegarra, en su condición de exministra de Desarrollo e Inclusión Social
– Contra César Landa Arroyo, en su condición de exministro de Relaciones Exteriores
– Contra Kurt Burneo Farfán, en su condición de exministro de Economía y Finanzas.
– Contra Rosendo Serna Román, en su condición de exministro de Educación
– Contra Patricia Ocampo Escalante, en su condición de exministra de Desarrollo Agrario y Riego
– Contra Alejandro Salas Zegarra, en su condición de exministro de Trabajo y Promoción del Empleo
– Contra Jorge Prado Palomino, en su condición de exministro de la Producción
– Contra Roberto Sánchez Palomino, en su condición de exministro de Comercio Exterior y Turismo
– Contra Betssy Chávez Chino, en su condición de exministra de Cultura, entre otros exministros, por la presunta infracción del artículo 38 de la Constitución.
