El dictamen aprobado menciona que “nadie será procesado, condenado, ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, por hechos cometidos con anterioridad al 01 de julio de 2002, bajo sanción de nulidad y responsabilidad funcional. Ningún hecho anterior a dicha fecha puede ser calificado como delito de lesa humanidad o crímenes de guerra”.
Asimismo, el Congreso pretende poner límites de aplicación temporal a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, que entró en vigencia en el Perú el 9 de noviembre del 2003.
Sin embargo, esta misma Convención establece en su primer artículo que “los crímenes (de lesa humanidad) son imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido”.
Durante el debate, la fujimorista Patricia Juárez explicó sobre quiénes resultarían beneficiados con la ley e hizo mención al sentenciado general en retiro del Ejército, Juan Rivero Lazo, sobre quien dijo que “se le aplica el delito de lesa humanidad”.
De igual forma, recalcó que esta ley es inconstitucional, pues ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en contra de un decreto similar emitido durante el segundo gobierno de Alan García.
