La policía turca ha detenido a 543 personas de las 704 nombradas en órdenes de detención como parte de una investigación sobre las actividades financieras de los seguidores del movimiento Gülen, informó la agencia estatal de noticias Anadolu, citando al ministro del Interior del país.
El ministro del Interior, Süleyman Soylu, anunció el martes que 543 de las 704 personas detenidas han sido detenidas como parte de la operación Gazi Turgut Aslan, en redadas simultáneas en 59 provincias.
El gobierno turco acusa al movimiento religioso Gülen de planear un intento de golpe de Estado el 15 de julio de 2016 y lo etiqueta como una “organización terrorista”, aunque el movimiento niega rotundamente su participación en el intento de golpe o cualquier actividad terrorista.
Soylu dijo que las detenciones comenzaron el martes por la mañana después de una investigación de ocho meses centrada en las actividades financieras de los presuntos seguidores del movimiento Gülen. Dijo que la operación fue llevada a cabo por el Departamento de Lucha contra el Contrabando y el Crimen Organizado (KOM), la Oficina de Contraterrorismo (TEM) y el Departamento de Delitos Cibernéticos en coordinación con la unidad de inteligencia de la Dirección General de Seguridad y la Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK).
Los sospechosos están acusados de recibir asistencia financiera o distribuir asistencia financiera enviada por seguidores de Gülen en el extranjero a las familias de personas encarceladas por vínculos con el movimiento Gülen o retiradas del servicio público por la misma razón.
“Este tráfico de dinero, que ha estado ocurriendo durante unos ocho meses a través del correo y los cajeros automáticos y a través de personas que no se conocen, se originó exclusivamente en el extranjero”, dijo Soylu, y agregó que la investigación se ha llevado a cabo en el mayor secreto.
“Necesitábamos dispositivos técnicos [de los sospechosos], especialmente teléfonos móviles”, dijo.
Tras el intento de golpe, el gobierno turco declaró el estado de emergencia y llevó a cabo una purga masiva de las instituciones estatales con el pretexto de una lucha contra el golpe. Más de 130.000 funcionarios públicos, incluidos 4.156 jueces y fiscales, así como 29.444 miembros de las fuerzas armadas fueron destituidos sumariamente de sus puestos por presunta pertenencia o relación con “organizaciones terroristas” en virtud de decretos leyes de emergencia sin escrutinio judicial ni parlamentario.
Las víctimas de la represión posterior al golpe de Estado en Turquía dicen que ellas y sus familias experimentan graves problemas financieros y psicológicos debido a lo que llaman discurso de odio empleado por el gobierno y sus partidarios contra ellos, lo que les impide llevar una vida normal, encontrar trabajo y mantener a sus familias.
Según una declaración del ministro de Justicia, Bekir Bozdağ, en julio, 117.208 personas han sido condenadas, con 1.366 condenadas a cadena perpetua y 1.634 a cadena perpetua agravada sin posibilidad de libertad condicional tras el intento de golpe de Estado. Mientras que 87.519 personas han sido absueltas de cargos específicamente relacionados con el movimiento Gülen desde el intento de golpe, según Bozdağ, hay dudas sobre el número de personas que han sido absueltas de todos los cargos por un tribunal de justicia.
Los expertos judiciales expresan su escepticismo sobre las cifras anunciadas por el ministro, diciendo que 117.208 condenas son solo las que han sido confirmadas por un tribunal de apelaciones, ya que los datos del Ministerio de Justicia muestran que más de 265.000 personas fueron condenadas por cargos de pertenencia a organizaciones terroristas entre 2016 y 2020 debido a sus presuntos vínculos con Gülen.
Además de los miles de personas encarceladas, decenas de otros seguidores del movimiento Gülen tuvieron que huir de Turquía para evitar la represión del gobierno.
El movimiento Gülen es de inspiración religiosa musulmán, pacifista, cultural y que da mucha importancia a la educación. Es tolerante y defiende la democracia. Promueve, además, el diálogo interreligioso.
Sus integrantes, como hemos visto, son perseguidos por el gobierno de Erdogan, no solo en el país, sino también en el mundo. Se ha conocido de secuestros de sus miembros, en más de 80 países. Muchos se encuentran en la diáspora como refugiados por ser perseguidos políticos.
El Perú no debería jamás aprobar un convenio de extradición con Turquía, por ser su gobierno violador de los derechos humanos.
