El Poder Judicial inició –luego de ocho años de investigación– el juicio oral contra el abogado Rodolfo Orellana y su hermana Ludith, acusados de formar parte de una organización criminal dedicada al apoderamiento ilícito de bienes inmuebles.
El Primer Juzgado Penal Colegiado Nacional inició cerca de las 11 am del pasado lunes 21, la audiencia de instalación de uno de los juicios “más grandes desarrollados en el Perú sobre lavado de activos”, según el Ministerio Público.
Como se recuerda, el abogado y empresario logró enquistar en el poder una red de estafa, en complicidad de jueces, fiscales y policías. Debido a la magnitud del caso, la sesión fue presencial en el auditorio César Vallejo del Palacio de Justicia, en el Cercado de Lima.
En 2019, concluyó la etapa de control de la acusación, presentada por la fiscal Marita Barreto, hoy fiscal superior coordinadora del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder.
Las investigaciones, sin embargo, empezaron en 2014 y, a lo largo de estos años, 64 personas naturales y 15 personas jurídicas han sido acusadas por el Ministerio Público, que contempló al menos 112 hechos de lavado de activos en su acusación.
Para el caso de los hermanos Orellana, la Fiscalía ha solicitado 33 años y 4 meses de cárcel. En el caso del abogado y exmiembro de la Policía Nacional, Benedicto Jiménez Bacca, se pidieron 26 años y 8 meses. Para el exjuez supremo Robinson Gonzales Campos, se solicitaron 13 años y 4 meses.
Así mismo, ayer en la primera audiencia del juicio oral, la Fiscalía recordó que cuenta con más de 500 testigos y 5 mil pruebas documentales, las cuales ayudarán a acreditar “un perjuicio al Estado, que se ha dañado su imagen y las políticas públicas de inversión de dinero estatal”.
