Revocan el sobreseimiento de la causa contra Cristina Fernández por lavado de activos

La vicepresidenta, tras la publicación del fallo, cuestionó en su cuenta de X la independencia de la Justicia argentina, pues considera que es controlada por el expresidente Macri.

La Nación llama a recordar que el juez Sebastián Casanello dictó el sobreseimiento, al no presentarse acusadores contra la dos veces expresidenta. (Foto: Matias Baglietto).

La Cámara Federal de la provincia de Buenos Aires, Argentina, revirtió el fallo en primera instancia, la cual sobreseyó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de su aparente responsabilidad en una causa por lavado de activos conocida como ruta del dinero K.

“Postales de una mañana argentina: Macri confirmó su impunidad en la causa por la muerte de los 44 tripulantes del ARA San Juan, revocó mi sobreseimiento en la causa del ‘dinero K’ y, como parece que no gana, consiguió que el Poder Judicial suspenda las elecciones en Boca [Juniors] a cinco días de su realización”, dice Fernández de Kirchner.   

“Pensar que en Argentina todavía hay quienes hablan de la independencia del Poder Judicial y no se les cae la cara. ¡Mamita!”, agregó.

La Nación llama a recordar que el juez Sebastián Casanello dictó el sobreseimiento, al no presentarse acusadores contra la dos veces expresidenta, tras diez años de litigios que derivaron en la condena a diez años de prisión del empresario Lázaro Báez.

La Asociación Civil Bases Republicanas, una organización no gubernamental (ONG) vinculada al partido del expresidente Mauricio Macri, solicitó ante la Cámara Federal su admisión como querellante contra Fernández de Kirchner.

¿En qué se basó la decisión?

Los jueces Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, convinieron en “revocar el auto de mérito de fecha 5 de junio, que dispuso el sobreseimiento de Cristina Elisabeth Fernández de Kirchner, debiendo el juez ‘a quo’ volver a expedirse con arreglo a los parámetros y con las finalidades fijadas en la presente resolución”.

Por otro lado, el togado Eduardo Farah contrapuso este punto de vista. Según él, no existe “una acusación fiscal” en curso y la Bases Republicanas no es “una parte habilitada legal y constitucionalmente para querellar penalmente en la causa”, por lo que impera mantener el “sobreseimiento dictado en primera instancia”.

Por contra, Llorens dijo que “la incorporación de este nuevo actor” –la ONG– permitirá que “se reexamine la cuestión fondo objeto de esta causa”, visto que los argumentos que expusieron “resultan suficientes como para advertir la necesidad de despejar por completo la incertidumbre que presenta conocer la verdad de los hechos y la participación de la imputada”.