Ni la desaprobación del 82%, según la última encuesta de Ipsos, ni las críticas generalizadas respecto al bono de S/9,900 han logrado que los parlamentarios de las doce bancadas y los no agrupados reconsideren la conveniencia de revocar el acuerdo de la Mesa Directiva del Congreso, encabezada por Alejandro Soto. Este acuerdo les otorga una bonificación sustanciosa sin respaldo técnico ni justificación, y todo esto a tan solo un mes de concluir la legislatura actual.
Aunque el primer vicepresidente del Legislativo, Arturo Alegría, afirmó recientemente que el criticado bono, equivalente a dos Unidades Impositivas Tributarias (UIT), se asignó a los congresistas por “horas extras y trabajo acumulado”, es evidente para todos que la dirección aprovechó el acuerdo con el Sindicato de Trabajadores del Congreso, que contemplaba este beneficio para los empleados, para obtener su parte de los más de S/30 millones destinados a esta generosa bonificación, financiada con fondos públicos en medio de una crisis económica que afecta a millones de ciudadanos.
A excepción de la congresista no agrupada Flor Pablo, ningún otro parlamentario ha manifestado su intención de rechazar esta suerte de bono prenavideño. José Cueto, representante de Renovación Popular, lo descartó enfáticamente. Argumentó que, desde su llegada, ha observado que los trabajadores, a través del sindicato, presionan a la Mesa Directiva para obtener diversos bonos. Cueto expresó su queja preguntando por qué los congresistas no reciben bonificaciones, ya que son quienes generan todo el trabajo en el Congreso. Además, señaló que le resulta “indiferente” la mala imagen que tenga la institución que representa.
Fastidiado prosiguió: “No se trata de merecimiento o no. Si se merece o no, pregúntenle a la Mesa Directiva que es la que ha entregado el bono. No lo voy a objetar, porque los congresistas son los que están metidos todo el día”, puntualizó.
Lady Camones de Alianza para el Progreso expresó su sorpresa ante la asignación del bono, descartando implícitamente su devolución. En lugar de ello, sugirió que se le podría dar una ‘utilidad social’ destinada a ‘niños y ancianos que lo necesitan’ durante las festividades navideñas. Por otro lado, el vocero de su bloque, Eduardo Salhuana, declaró a Perú21 que el grupo evaluará qué medidas tomarán al respecto. Aunque él personalmente no tendría problema en devolver el dinero, enfatizó que la decisión final dependerá del bloque.
Sobre el tema, Perú21 entrevistó a Martín Cabrera, consultor en gestión pública y asuntos parlamentarios, quien indicó que en la práctica se trata de un bono por el desempeño de la función congresal. Cabrera subrayó que este bono debería tener correspondencia con el desarrollo efectivo del trabajo de los parlamentarios y estar respaldado por controles, filtros y medidas para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. Advirtió que, dadas las circunstancias actuales del Parlamento, la decisión de la Mesa Directiva “no ha sido muy oportuna”.
El abogado también destacó que no existe un antecedente en el Congreso en el que los legisladores hayan sido incluidos como beneficiarios de un convenio con el sindicato de trabajadores. Sin embargo, aclaró que la medida no es ilegal, ya que el Congreso es un organismo constitucionalmente autónomo. En vista de estos hechos, surge la pregunta de si el actual Parlamento no está aprovechando y abusando de esa autonomía.
Aunque la decisión de otorgar un bono a los congresistas fue tomada el 31 de octubre, su publicación se llevó a cabo recién esta semana. Los S/9,900 fueron depositados en sus cuentas bancarias a partir del viernes.
En junio pasado, durante la presidencia de José Williams, se entregaron bonos a asesores y personal de confianza, con montos que variaron entre los S/7,200 y S/14,000.
