La Procuraduría Pública ad hoc del caso Lava Jato ha expresado su preocupación por las consecuencias de la salida de Rafael Vela Barba como coordinador del equipo especial de fiscales debido a la decisión de Patricia Benavides.
En un comunicado emitido el viernes, la procuraduría lamentó la suspensión y el cese de las funciones de Vela Barba, después de liderar el Equipo Especial Lava Jato durante más de cinco años. Por lo tanto, advirtieron que esta situación afecta a los 5 procesos que actualmente se encuentran en juicio oral, a los 15 procesos con acusación fiscal que están en espera para ingresar a juicio oral y a los aproximadamente 50 procesos de colaboración eficaz que aún están en proceso.
La designación de Marena Mendoza como reemplazo de Rafael Vela Barba ha sido criticado por otros fiscales del grupo debido a su cercanía con la fiscal de la Nación y por haber estado presente en la reunión en la que se comunicó la salida de Marita Barreto del equipo de fiscales encargados de la lucha contra la corrupción en el poder.
Dicha situación ha llevado a que la procuraduría designada específicamente para un caso determinado solicite a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y a la Junta de Fiscales Supremos que tomen las “medidas necesarias” según sus atribuciones para prevenir que se brinde más daño a las investigaciones y procesos relacionados con el caso Lava Jato.
Por otro lado, la Procuraduría ha manifestado su apoyo a Vela Barba y a los demás fiscales que conforman el equipo especial. Además, han expresado preocupación por las decisiones tomadas en el Ministerio Público y por los casos de presuntos delitos que involucran a la Fiscalía de la Nación y otras instituciones, los cuales son considerados “graves hechos”.
También han recordado que Perú está siendo evaluado por el Grupo Anticohecho de la OCDE para combatir la corrupción transnacional, lo cual es similar al caso Lava Jato, y que el país se encuentra en proceso de adhesión a esta organización. En consecuencia, es esencial que la situación en el Ministerio Público se solucione de manera efectiva para garantizar la integridad del proceso de lucha contra la corrupción en el Perú.
