PCM solicita a Sunedu dejar sin efecto resolución que prohíbe las clases universitarias 100% virtuales

PCM ordena a Sunedu revocar normativa en 5 días hábiles, en beneficio a la población universitaria. Sin embargo, Sunedu alega autonomía administrativa y anuncia que no retrocederá. 

Sunedu anunció la anulación de clases virtuales en todo centro de estudios superiores. Foto: Andina.

Ante el anuncio de la Sunedu de finalizar las clases 100% virtuales en todas las universidades públicas y privadas para pregrado, la Presidencia de Consejo de Ministros respondió ordenando a la Sunedu dejar sin efecto esta resolución, la cual fue publicada a finales de febrero para el periodo 2024.

El documento, firmado por el presidente del consejo directivo de la Sunedu, Manuel Castillo Venegas, no ha recibido respaldo por parte de la gestión de Gustavo Adrianzén. En consecuencia, se le otorgan cinco días hábiles para revocar esta resolución.

Según lo indicado por la PCM, Sunedu no presentó el Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) ante la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria. Este análisis constituye una herramienta para estructurar la evaluación de problemáticas de carácter público. Además, se precisa que esta omisión implica que “no se ha seguido el debido proceso y se ha vulnerado el derecho de los estudiantes”, conforme a la Subsecretaría de Simplificación y Análisis Regulatorio.

Jorge Mori, director en el Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior, argumentó que la Sunedu debería emitir un pronunciamiento cuanto antes para revertir su decisión. 

 

es de anotar que el miércoles último, Sunedu rechazó la orden de la PCM de revocar la prohibición de clases virtuales universitarias, afirmando que no darán marcha atrás en la medida ya establecida.

“El pronunciamiento de la Secretaría de Gestión Pública de la PCM constituye una injerencia frente a las funciones y atribuciones que tiene la Sunedu por mandato de la ley”, señala la entidad en un comunicado público. 

Finalmente, la institución recalca su carácter autónomo, con naturaleza jurídica de derecho público interno y constituyente de pliego presupuestal. Esto les confiere independencia funcional y autonomía con respecto al Poder Ejecutivo. En este sentido, han anunciado que tomarán medidas legales contra la solicitud de la Presidencia del Consejo de Ministros.