El papa Francisco expresó su tristeza ante la “terrible explosión de violencia” entre bandas rivales en la cárcel de Guayaquil, en Ecuador, que dejaron al menos 118 muertos, incluidos seis decapitados, y numerosos heridos.
“Estoy muy entristecido por lo que ha pasado en Guayaquil, Ecuador, una terrible explosión de violencia entre bandas rivales que ha provocado más de cien muertos y heridos. Rezo por ellos y sus familias y que Dios nos ayude para acabar con la plaga del crimen que esclaviza a los más pobres”, señaló durante el ángelus de este domingo.
El sumo pontífice instó a rezar para que “Dios ayude a acabar con la plaga del crimen que esclaviza a los más pobres”. Del mismo modo, ha solicitado que se mejore la “vida en las cárceles” para que tengan condiciones más humanas.
El pasado martes se registró en el centro de privación de Libertad Zonal 8 de Guayaquil una reyerta entre dos bandas para tomar el control de la cárcel que se saldó con 118 reos fallecidos. Grupos de policías y militares intervinieron este sábado en la cárcel de máxima seguridad y consiguieron apaciguar el motín.
Me ha entristecido mucho lo sucedido los días pasados en la cárcel de #Guayaquil, en Ecuador. Dios nos ayude a curar las llagas del crimen que esclaviza a los más pobres. Y ayude a cuantos trabajan cada día para hacer más humana la vida en las cárceles.
— Papa Francisco (@Pontifex_es) October 3, 2021
Crisis carcelaria en Ecuador
El motín del pasado jueves ha significado una de las peores masacres carcelarias en los últimos años en América Latina. En lo que va de 2021, los motines en Ecuador han dejado 237 muertos y 166 heridos, según cifras oficiales.
Asimismo, ha evidenciado las múltiples crisis en el sistema penitenciario del país, tales como problemas de hacinamiento, falta de higiene, insuficiencia de guardia, corrupción y, dentro del recinto, guerras entre bandas vinculadas a los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
La ministra de Gobierno (Interior), Alexandra Vela, anunció el viernes que, en el marco de un estado de excepción para el sistema penitenciario en vigencia hasta noviembre, el Ejecutivo desplegó unos 3.600 militares y policías para “garantizar la seguridad” en las prisiones.
