Los movimientos sindicalistas y populares panameños, fueron los protagonistas de las movilizaciones el pasado julio, quienes acusaron al Gobierno de obstruir la mesa de diálogo establecida durante dichas propuestas y amenazan con abrir “nuevos escenarios de lucha”. De igual manera, proponen convocar una nueva Asamblea Nacional Constituyente en caso de que sus demandas no sean atendidas.
Alianza Pueblo Unido por la Vida de Panamá, quien es una de las organizadoras de las movilizaciones, señaló al presidente Laurentino Cortizo, de incumplir los acuerdos alcanzados. Por medio de sus redes sociales publicaron: “En la medida que el diálogo se tranque, las calles también serán trancadas”.
Las demandas de estos grupos son: respeto de la rebaja del 30% en los productos de la canasta básica, judicialización de los funcionarios investigados por corrupción, un aumento que corresponda al 6 % del PIB en el presupuesto educativo, entre otras.
En el mes de julio, el país centroamericano vivió las “más grandes manifestaciones de los últimos tiempos” a causa del alza de precios y en contra de la corrupción, en un país el cual cuenta con aproximadamente un 20% de pobreza.
