Normalistas de Ayotzinapa intentan irrumpir en el Palacio Nacional de México

Ángela Buitrago y Carlos Bersitain, durante una conferencia con los familiares de los 43, en Ciudad de México, el 31 de marzo de 2023.

En México, la búsqueda de verdad y justicia en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 enfrenta nuevos desafíos, marcando un punto crítico en la relación entre los familiares de las víctimas y el presidente López Obrador.

La tensión se intensifica con la exigencia de los familiares de que el Gobierno entregue cientos de documentos de espionaje militar, que consideran fundamentales para avanzar en una investigación estancada. Sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) niega la existencia de estos archivos, creando un conflicto que agita aún más las aguas en esta dolorosa búsqueda.

La relación entre los familiares y López Obrador se encuentra en uno de sus peores momentos, evidenciado por la partida del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en julio.

La resistencia del Ejército a proporcionar información frustró al GIEI, mientras que el presidente respalda la versión de la Sedena, afirmando que todos los expedientes sobre el caso ya han sido entregados.

En declaraciones recientes, López Obrador lamentó que los familiares estén siendo “manipulados” por lo que describe como un complot conservador. Según él, este complot, liderado por figuras como el senador independiente Emilio Álvarez Ycaza y respaldado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA y grupos conservadores de derecha, tiene como único objetivo dañar políticamente a su Gobierno.

Además, se revela un oscuro episodio de espionaje militar. Dos abogados del Prodh, Santiago Aguirre y María Luisa Aguilar, asesores de las familias de Ayotzinapa, fueron espiados con el programa Pegasus por el Ejército, según una investigación de Citizen Lab y otras organizaciones.

Ante la ruptura del diálogo entre el Gobierno y los familiares, los normalistas han recrudecido sus protestas en las calles. Bloqueos, lanzamientos de petardos y manifestaciones forman parte de su estrategia para presionar a López Obrador a que se siente con ellos y desenmarañe los cabos sueltos que puedan conducir al paradero de los 43 desaparecidos, una década después de su desaparición.