El gobierno de Marruecos aprobó un proyecto de ley contra las noticias calificadas por la monarquía como falsas, la medida fue aplazada tras la controversia manifestada en los políticos de oposición, varias ONG, activistas y grupos de derechos humanos temen que éste se convierta en una herramienta para abusos de poder o se restrinja aún más la libertad de expresión.
El parlamento marroquí aprobó hace seis semanas, el pasado 19 de marzo de 2020 con el proyecto de ley número 22.20, pero el gobierno no lo hizo público hasta el 28 de abril. Sin embargo, señala que debe pasar por el congreso.
De los veinticinco artículos que lo componen, veintidós se refieren a las sanciones administrativas, que van desde la privación de la libertad hasta multas.
Los cuales permiten al gobierno poder exigir correcciones en una texto, ordenar la eliminación de contenidos vistos por las autoridades como falsos ó bloquear páginas web, consideradas que propaguen información falsa que van en contra del interés del gobierno de la monarquía. Los que incumplan la ley, se advierte duras penas hasta tres años o multas de 50 000 dirhams (4634 euros).
En este proyecto de ley se proyecta en prohibir cualquier llamada a boicotear marcas, como pasó en el 2018 cuando se boicoteó a varios productos de consumo.
En el artículo catorce de este proyecto de ley imputa una pena de seis meses a tres años de prisión, y una multa de 5000 a 50 000d dírhams (463 a 4634 euros), contra cualquiera que “llame al boicot o incite públicamente a boicotear ciertos productos, bienes o servicios, a través de las redes sociales.
Asimismo, Amina Bouayach, presidenta del Consejo Nacional de Derechos Humanos, señaló que no fue consultado sobre el texto. De la misma forma, el Consejo Nacional de Prensa, presidida por Younes Mujahid. El Foro Marroquí de Jóvenes Periodistas (FMJJ, siglas en francés), se suma a esta oposición.
De la misma manera, Khadija Riadi, expresidenta de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), reconocida con el premio de Derechos Humanos de la ONU, sostuvo que se trata de un “intento de legalizar las violaciones de los derechos humanos y darles cobertura legal. Estamos experimentando un gran ataque a la libertad de expresión en el ámbito digital».
De este modo, Omar Naji, vicepresidente de la AMDH en Nador fue detenido el lunes 27de abril del 2020. Según la organización de derechos humanos informó que fue puesto bajo custodia policial.
Luego, fue puesto en libertad el martes 28 bajo el pago de una fianza de 10 000 dirhams (926 euros) por publicar mensajes en Facebook, criticando las prácticas de ciertos agentes de poder en Nador.
Omar Naji, es acusado de difundir información falsa e insultar a organismo, publicar falsa información que podría causar pánico, la difusión de fotos de personas sin su consentimiento y la incitación a desobedecer las instrucciones emitidas por las autoridades públicas durante el estado de emergencia de salud. Su audiencia está programada para el 2 de junio.
Esto trajo como consecuencia, las protestas periodísticas por no autorizar a periodistas en ejercer su trabajo de estar en las calles. Sumándose el toque de queda nocturno que la monarquía de Marruecos ha implantado, medida rectificada por el Gobierno y anunció que el martes 28 permitir a los hombres de prensa circular por las noches, con carné profesional.
Ataques marroquíes a la ONU y Noruega
Ante esto, la ONU ha entrado a tallar y mostró preocupación por las medidas y leyes introducidas en algunos países con motivo de la crisis mundial por la pandemia del coronavirus, Marruecos rechazó las informaciones del organismo internacional.
Entretanto, la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet exhortó; «para silenciar a los medios y detener a críticos y opositores. Los gobiernos no deberían usar los poderes de emergencia como un arma para silenciar a la oposición, controlar a la población o incluso permanecer en el poder», posición que pueden usarse y preocupa a la ONU.
De la misma manera, son quince países los que tienen la misma situación además de Marruecos incluyen a Sudáfrica, Nigeria, Kenia, Filipinas, Sri Lanka, El Salvador, República Dominicana, Perú, Honduras, Jordania, Camboya, Uzbekistán, Irán y Hungría, denunció la ONU.
La ex mandataria chilena enfatiza que las medidas deberían de ser «Proporcionadas, no discriminatorias y limitadas en el tiempo» y «estar sujetas a una supervisión parlamentaria y judicial adecuada».
Esto se suma, a los ataques de Noruega luego que la ministra de Asuntos Exteriores, Ine Eriksen Soreide manifestara en el Parlamento que su Gobierno mostró preocupación por la situación en las cárceles marroquíes y la situación que viven los defensores de los derechos humanos saharauis. Por estas declaraciones, la agencia oficial de la monarquía marroquí MAP atacó a la jefa de esta cartera.
Noruega lidera esta lista al igual que el año pasado, según la última clasificación de Reporteros sin Fronteras de 2020 sobre la libertad de prensa en el mundo. Sin embargo, Marruecos ocupa el número 133 de los 180 países analizados con una situación, donde señala que los periodistas tienen procesos judiciales.
