Ministerio Publico: “Conformó un grupo de trabajo para investigar las muertes en las manifestaciones sociales”

El Ministerio Público creó un equipo especial de fiscales que se encargará exclusivamente de investigar los presuntos delitos y vulneraciones a los derechos humanos durante las protestas antigubernamentales vividas entre diciembre y marzo pasados y en las que murieron decenas de personas.

La Fiscalía conformó este grupo de trabajo para investigar casos con víctimas durante las protestas sociales, para que se avoque a dedicación exclusiva de los delitos cometidos contra la humanidad y los delitos comunes que hayan constituido casos de violación de derechos humanos y otros.

El Ministerio Público creó un equipo especial de fiscales que se encargará exclusivamente de investigar los presuntos delitos y vulneraciones a los derechos humanos durante las protestas antigubernamentales vividas entre diciembre y marzo pasados y en las que murieron decenas de personas ya que, se requiere de una estrategia de investigación ordenada y célere, siguiendo el mandato constitucional de persecución del delito.

De tal forma, mediante una resolución publicada este lunes en el diario oficial “El Peruano“, la Fiscalía conformó este grupo de trabajo para investigar “casos con víctimas durante las protestas sociales, para que se avoque a dedicación exclusiva de los delitos cometidos contra la humanidad (…) y los delitos comunes que hayan constituido casos de violación de derechos humanos y otros”. Las investigaciones penales abiertas en el marco de las protestas se caracterizan por la pluralidad de agentes y víctimas, la dificultad de obtener y asegurar las pruebas de la comisión de los delitos investigados y la diversidad de actuaciones procesales que requieren de competencias unificadas.

Finalmente, el documento, firmado por la fiscal de la Nación general, Patricia Benavides, recuerda que, desde que arrancaron las protestas tras el fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), “se han derivado investigaciones fiscales por la presunta comisión de delitos producto del uso excesivo de la fuerza pública que afectarían el derecho humano a la protesta social pacífica”.