Uno de los asuntos que el Congreso debe discutir hoy es la posible inhabilitación política de la congresista María Cordero Jon Tay por un período de 10 años. Se le imputa haber reducido los salarios de sus colaboradores parlamentarios.
Llegando hasta la instancia más alta del Legislativo, su caso fue elevado después de recibir aprobación en la Comisión Permanente y previamente en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. La semana pasada, la discusión del informe acusatorio estaba programada, pero se pospuso debido a “dificultades técnicas”.
Un medio local obtuvo información en torno a esa votación, y reveló que la legisladora habría realizado ciertos esfuerzos de lobby en el Parlamento, enviando cartas a sus colegas instándoles a abstenerse de votar por su inhabilitación. Sin embargo, la mayoría considera que debe ser declarada culpable en el proceso político.
Se sabe que en este caso existen múltiples testigos, grabaciones de audio y otras pruebas que respaldan la acusación de que habría demandado pagos irregulares a sus empleados para financiar la deuda que surgió durante su campaña electoral en 2021.
