El 11 de abril de 2004, en El Comercio, el periodista Ítalo Sifuentes Alemán publicó una investigación que pudo constatar la clonación de un proyecto de ley por parte de la entonces congresista Rosa Yanarico (Perú Posible). La parlamentaría había presentado como suyo un proyecto de ley del diputado mexicano Rafael Servín. Dicha iniciativa, relacionada al desarrollo de la artesanía mexicana, fue expuesta incluso con términos del país azteca, como Secretaría de Economía en lugar del Ministerio de Economía y estados en vez de regiones.
.
Ese mismo día, el autor de la investigación dejó en claro que “revisar cada uno de los miles de proyectos de ley que hay en el Congreso sería como abrir una caja de Pandora que podría traer funestas consecuencias legales y morales”.
Si bien Yanarico no reconoció que hubiera incurrido en el delito de la copia, culpó a su asesora de haber cometido el error y ofreció disculpas, por no haber prestado mayor atención a la presentación de esta iniciativa legislativa. Entretanto, la Comisión de Ética Parlamentaria explicó que no podían intervenir de oficio, pues el Congreso no lo facultaba.
Ante esta coyuntura, Sifuentes Alemán no retrocedió y el 14 de abril publicó una nueva investigación en la que dio a conocer los plagios de las legisladoras Martha Moyano (Cambio 90) y Dora Núñez (FIM). En esta ocasión Moyano, se defendió alegando la “legislación comparada”, pues el texto colombiano que usó no había sido copiado en su totalidad. Lo más sorprendente fue que, casi cumpliendo lo predicho por el periodista cuando hablaba de la “caja de Pandora”, es que ella afirmó “es el estilo de muchos congresistas”.
En cuestión de días, la situación había escalado más de lo que cualquiera hubiera imaginado. La denuncia apareció en otros medios tanto escritos, como televisivos, generando indignación entra la población. El día siguiente, el entonces presidente del Congreso, Henry Pease, reveló que inclusive habían congresistas que entre ellos se copiaban las leyes. Asimismo, dio a entender que esto se debió al afán de los legisladores por aparecer en los primeros puestos del ránking de productividad legislativa. En otras palabras, a mayor cantidad de proyectos presentados, una mejor posición en la lista; algo que ya no vemos hoy en día gracias a esta labor periodística.
Frente a la presión de las investigaciones periodísticas y entre los propios legisladores, conscientes de la situación y el error en que muchos de ellos estaban incurriendo, tres meses después el Congreso modificó su propio reglamento. Una de las nuevas normas estipulaba la prohibición de incurrir en copia de otros proyectos de ley, sea total o sustancial.
De igual manera, se inició un periodo de reorganización dentro de los partidos políticos. Las bancadas empezaron a buscar maneras de presentar sus propuestas ya no como individuales, sino como proyectos de legisladores con apoyo y aprobación de su agrupación; tal como recomendaron Sifuentes y Pease en su momento.
A día de hoy, a causa de la investigación, es así como se producen las iniciativas legislativas. Los proyectos de los legisladores deben contar con el aval de sus colegas de bancada. Un ejemplo reciente es el del congresista Jesús Arapa de Acción Popular, cuya propuesta de reformar la Constitución, quedó sin efecto luego que algunas de las firmas que lo apoyaban fueron retiradas.
Por un periodismo que dé resultados
Al igual que hace 16 años, en 2020 sigue habiendo distintas problemáticas en las gestiones de los tres poderes. Sobre todo ahora, en medio de una crisis sanitaria que ha revelado muchas deficiencias en la organización del estado.
En la Federación de Periodistas del Perú creemos en el periodismo como una actividad esencial que, como en el ejemplo expuesto, busca un resultado con cada una de sus investigaciones y denuncias. Asimismo, mostramos nuestro apoyo hacia los profesionales que, a pesar de la dura situación, continúan con su labor.
Durante los últimos días hemos presenciado casos que resultan indignantes y que definitivamente requieren de una mayor investigación periodística. El 6 de junio la FPP recogió la denuncia del médico intensivista Marlene Belleza. De acuerdo con la profesional de la salud, el gerente de la Red Rebagliati, Juan Santillana, ordenó la remodelación de su oficina en lugar de comprar implementos para los doctores de primera línea.
El 8 de junio se dio a conocer que en menos de cuatro años el número de asesores contratados por la Mesa Directiva del Congreso aumentó de 12 a 46, cuyos sueldos suman más de 330 mil soles.
El 10 del mismo mes, la Contraloría General de la República indicó que 4,212 funcionarios públicos fueron beneficiados por el programa de canastas familiares del estado. Más de 4 mil funcionarios que no se encuentran en situación de vulnerabilidad han recibido canastas expresamente dirigidas a población vulnerable. Muchos de ellos incluso ganando más de 3 mil, 5 mil y hasta 10 mil soles mensuales.
Estos son solo tres recientes ejemplos, pero cada día hay muchos más. Consideramos necesario continuar con las investigaciones periodísticas de este tipo de casos y así lograr resultados tanto por parte de la población, como del gobierno. Al igual, que la labor del periodista Ítalo Sifuentes, nuestro trabajo debe apuntar a generar cambios a corto plazo para así ver una mayor organización con el pasar del tiempo.
T.A.C.A.
