El general PNP Óscar Arriola, líder de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic), declara con firmeza que el propietario de Perú Libre, Vladimir Cerrón, enfrentará la justicia, ya sea en el país o en cualquier rincón del mundo. Cerrón, actualmente prófugo de la justicia con una sentencia pendiente de tres años y seis meses por el caso Aeródromo Wanka, lleva 83 días en esta condición.
La afirmación del jefe policial sugiere la posibilidad de que Cerrón busque asilo, mencionando específicamente la información sobre su supuesto intento de refugiarse en la embajada de Bolivia en Lima. Arriola destaca la cooperación con diversos países, incluyendo Bolivia, México, Colombia y Cuba, para dar seguimiento al paradero del fugitivo político.
El general Arriola responde a Cerrón asegurando que la Dirnic evalúa constantemente la información sobre él y otros buscados por la justicia. Además, subraya el compromiso de la policía en la persecución de aquellos con deudas pendientes ante la justicia, enfatizando que Cerrón será capturado, sin importar el lugar del mundo donde se encuentre.
Desde su escondite, Cerrón rechaza las afirmaciones del general Arriola, sugiriendo que este debería centrarse en la seguridad ciudadana en Lima en lugar de involucrarse en política. Cerrón critica la gestión de Arriola y cuestiona la lógica detrás de sus acciones, acusándolo de actuar impulsivamente.
La situación se torna más tensa después de que los intentos de Cerrón para buscar asilo en la embajada de Bolivia en Lima se vieran frustrados, posiblemente debido a la presencia de medios de comunicación. Su condena anterior por el caso Aeródromo Wanka y la prisión preventiva por lavado de activos y organización criminal lo colocan en una situación legal complicada.
Es importante recordar que la sentencia contra Cerrón, emitida el 6 de octubre, incluyó tres años y seis meses de prisión efectiva, inhabilitándolo para ocupar cargos públicos durante el mismo período y ordenando el pago de una reparación civil de S/800 mil. Además, el 18 de diciembre, se dictó una medida de prisión preventiva por 36 meses en el marco de la investigación por lavado de activos y organización criminal.
