El viernes ocho de marzo, el general del Ejército en retiro, Jorge Yánac Chávez, fue detenido en su residencia de Santiago de Surco, como presunto autor del robo de 6 mil galones de petróleo en 2017, cuando se desempeñaba como jefe del Servicio de Intendencia del Ejército (DINTE).
Según el portal oficial de proveedores del Estado, entre 2012 y 2023, la empresa del general Jorge Yánac, J.P.Y. Sports SRL, suscribió 115 contratos con una veintena de instituciones públicas, incluyendo el Ejército, en el periodo en que estaba en actividad.
Cabe recordar que Yánac y miembros de su familia fundaron la compañía J.P.Y. Sports SRL el 6 de enero de 2003 con un capital de S/84 mil. El general aparece como accionista mayoritario. De acuerdo con expertos en contrataciones con el Estado, Jorge Yánac no debió ser proveedor de entidades públicas mientras estaba en funciones como oficial del Ejército, mucho menos con la entidad militar.
Por otro lado, el portal Proveedores del Estado informó que la firma J.P.Y. Sports SRL facturó a las entidades públicas más de S/26,3 millones, entre 2012 y 2023, en consorcio con otras compañías o de forma individual.
En principio, según Registros Públicos, J.P.Y. Sports SRL se dedicaría a la enseñanza de tenis a la organización de eventos deportivos, pero se convirtió en proveedora de equipos e indumentaria deportiva, uniformes institucionales, útiles de escritorio y otros productos para la Fuerza Aérea, La Marina, ministerios como Economía, Energía y Minas, Educación, Trabajo, y decenas de entidades públicas.
La primera entrega se registró el 30 de noviembre de 2012 por la venta de equipos para gimnasios para la institución castrense. La compra la hizo el jefe de la Oficina de Administración de la Comandancia General del Ejército, coronel EP Jorge Benites Herrera. En aquel entonces, Yánac laboraba en la Dirección de Economía del Ejército.
Posteriormente, a partir de enero de 2016, ascendió al grado de general de brigada. Sin embargo, en octubre de 2017 le comunicaron que pasaría al retiro a fin de ese año. En resumen, entre 2012 y 2017, cuando era un oficial del Ejército en actividad, facturó al Estado alrededor de S/5,3 millones.
