Después de que el Congreso presentara una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional con el objetivo de suspender la decisión del Poder Judicial de restituir a los magistrados Aldo Vásquez e Inés Tello en la Junta Nacional de Justicia, los constitucionalistas Omar Cairo y Beatriz Ramírez expresaron su total desaprobación ante esta acción del Congreso.
Ambos expertos legales la consideran inadecuada e incluso sostienen que ni siquiera debería ser objeto de debate. Por un lado, el abogado de Inés Tello señaló que el Tribunal Constitucional está prohibido de intervenir, ya que, de acuerdo con el artículo 139, inciso 2 de la Constitución, no puede revocar decisiones que ya han obtenido la autoridad de cosa juzgada, interrumpir procesos en curso, modificar sentencias o retrasar su ejecución.
Dadas las circunstancias, Omar Cairo sostiene que es inapropiado e incluso prohibido que el Tribunal Constitucional interfiera en este proceso en curso. Además, argumenta que el Poder Judicial actuó conforme a lo establecido por el Tribunal Constitucional, basándose en la premisa de que el Congreso violó los derechos fundamentales de ambos magistrados.
Beatriz Ramírez, experta en derecho constitucional, argumentó que el actual Congreso pretende debatir sobre una cuestión que ya fue abordada en una sentencia anterior del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, sostiene que aceptar esta demanda competencial sería revisar algo que ya fue analizado y decidido. Ella explico: “Este es un caso en el que ni siquiera debería considerarse el nuevo proceso competencial porque esencialmente intenta repetir una norma que ya fue establecida.
Es decir, la sentencia anterior estableció una nueva regla de competencia, donde el Poder Judicial tiene la competencia para controlar los actos del Legislativo siempre que exista una vulneración de ese tipo. Lo que están intentando hacer es presentar un caso específico para restringir aún más esto. No debería ser admitido”. Beatriz Ramírez advierte que la intención del Congreso surge de su desacuerdo con el control judicial de sus acciones, incluso cuando violan lo derechos fundamentales, y busca limitar aún más la posibilidad de dicho control por parte del Tribunal Constitucional.
