La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre el conflicto generado por la resolución judicial que ordena la suspensión del proceso de elección de magistrados del Tribunal Constitucional (TC) por parte del Congreso de la República.
El mensaje fue enviado a través de un comunicado público. En este se precisa que la decisión fue acordada por el máximo órgano de deliberación del Poder Judicial en el marco de una sesión extraordinaria llevada a cabo el jueves 8 de julio.
La carta consta de cuatro puntos, la cual se sostiene que “las decisiones judiciales, por mandato constitucional, son de obligatorio cumplimiento para toda persona”, en alusión al desacato de la resolución por el Pleno del Parlamento. Agrega que “la crítica a las decisiones judiciales no puede significar en forma alguna una falta de respeto a la investidura del juez o juez”.
“En un estado constitucional de derecho, la potestad de resolver conflictos recae en el Poder Judicial. En el ejercicio de esta función jurisdiccional, los jueces y juezas garantizan plenamente los derechos fundamentales de las personas; sus decisiones, en las materias que son de su competencia, son motivadas, bajo responsabilidad”, señala el comunicado.
Asimismo, se indica que “las decisiones judiciales, por mandato constitucional, son de obligatorio cumplimiento para toda persona; sin perjuicio de que las mismas puedan ser impugnadas”.
“Los altos funcionarios del Estado tienen en esto una doble responsabilidad constitucional, pues corresponde a ellos el respeto al estado constitucional de derecho, así como al ordenamiento jurídico vigente. La discrepancia debe ser canalizada por los cauces democráticos y constitucionales”, notifica el documento.
Por otro lado, se manifiesta que da decisión judicial que pueda involucrar una inconducta funcional en su ejercicio debe ser investigada por el órgano de control correspondiente.
“El Poder Judicial reafirma su voluntad de afianzar el Estado constitucional de derecho, la seguridad jurídica y la separación de poderes como pilares de la democracia representativa y exhorta a las instituciones y a la ciudadanía al respeto de los mandatos emanados de la administración de justicia”, concluye el documento.
