El enunciado feminista “Sólo sí es sí” ha dado este jueves su paso más importante para convertirse en ley. El Congreso de los Diputados a logrado un amplio respaldo del Congreso, con el voto a favor del PSOE, Unidas Podemos, ERC, Ciudadanos, PNV, EH Bildu, Más País, Compromís yJunts, entre otros. La votación está aprobado con 205 votos a favor, 141 en contra y 3 abstenciones a este proyecto estrella de la ministra de Igualdad, Irene Montero, al que tan sólo le quedará ahora el paso formal por el Senado para aprobarse definitivamente y entrar en vigor.
En España se denuncia, de media, una violación cada cinco horas. Cada año tienen lugar hasta 400.000 incidentes de violencia sexual contra 350.000 víctimas, la inmensa mayoría mujeres y niñas. La conocida como ley del sólo sí es sí, está inspirada en las proclamas de las movilizaciones feministas que tomaron las calles después de la sentencia de La Manada, tiene como principal novedad que coloca el consentimiento sexual en el centro de las relaciones personales. A partir de ahí, que lo haya o no es lo que resultará determinante a la hora de perseguir las violaciones y las otras violencias sexuales que vienen recogidas en el proyecto.
La consecuencia más importante en el Código Penal es que se pone fin a la diferenciación entre abuso y agresión sexual. Toda conducta sexual sin consentimiento será considerada agresión y será castigada con un abanico de penas según las circunstancias y los agravantes (violencia, uso de la sumisión química, en grupo…) definitivamente la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual.
Los votos en contra han sido básicamente de PP y Vox. La principal censura que hacen los populares, como ha explicado la diputada Marta González, es que la redacción del consentimiento “pone en riesgo la presunción de inocencia” porque “invierte la carga de la prueba” en el denunciado, quien será el que tenga que demostrar que hubo consentimiento. Vox ha incidido también en esto porque, a su juicio, “se fuerza” a los jueces a “creer a la mujer sin pruebas” y permite que éstas puedan “mentir” y “delinquir” sabiendo que en muchas ocasiones es “imposible” demostrar el consentimiento.
Además, la representante del PSOE Laura Berja hablaba de una ley “completamente necesaria” para cumplir con los “derechos civiles de la mayoría de la población” y los acuerdos internacionales. Tanto Berja como Castañón hicieron alusión en sus intervenciones al movimiento feminista, al que le agradecieron su empuje y su labor. Más crítica se mostraba Mireia Vehí, de la CUP, que lamentaba la falta de oportunidad de mejorar ciertos aspectos de la norma. “Lo deja todo en manos del Código Penal”, decía, una afirmación que rebatió después Castañón, que hacía alusión a las medidas que abordan la salud, los protocolos de actuación o la educación. Vehí mencionaba el fenómeno de los pinchazos a mujeres y el terror sexual que trata de infundirse: “Urge tratar la masculinidad desde una perspectiva feminista”.
Esta ley ha generado un amplio consenso entre los grupos de izquierdas, pero la prostitución ha vuelto a demostrarse como un tema de conflicto, después de que este asunto haya sido el foco de debate y conflicto en la última fase de la tramitación. El PSOE ha lamentado que la ley de libertad sexual vaya a dejar fuera a las mujeres que están bajo ese “yugo” y que haya sido por la “amenaza” de otros partidos, dispuestos a tumbar la ley por este tema. La diputada Laura Berja ha criticado que algunos grupos “no saben qué decir porque no tienen una posición” y ha urgido a dejar de decir “ahora no toca” porque es el momento de posicionarse. Será en la ley específica que ha presentado el PSOE para abolir la prostitución.
De este modo, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha celebrado que el movimiento feminista “vuelve a hacer historia” con esta ley y ha subrayado que la norma supone un “paso decisivo para cambiar la cultura sexual” del país, para dejar atrás el “terror sexual”, la “culpa” o el “miedo”.
“Queremos dejar atrás la cultura de la violación y construir una verdadera cultura del consentimiento”, ha recalcado. Algo que, según ha afirmado, se va a conseguir “a pesar” del “ruido reaccionario”, la “extrema derecha” o la “justicia patriarcal”.
Estas son los puntos clave de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la conocida como ley del sólo sí es sí:
EL CONSENTIMIENTO
Es el aspecto fundamental que inspira y vertebra la ley y que servirá para juzgar todos los delitos sexuales. Se puede resumir en el lema “Sólo sí es sí”, que se utilizó en las protestas feministas por el caso de La Manada. Así viene explicado en la ley: “Sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona”. Es decir, el consentimiento tiene que ser positivo; el silencio, la pasividad o no mostrar oposición no servirán en caso de que haya denuncia por agresión.
Los autores de la norma quieren que con esto se evite dejar indefensas a las víctimas de agresión sexual que no hayan manifestado resistencia física por diferentes motivos, como pueden ser el miedo o la intimidación.
FIN A LA DISTINCIÓN ENTRE ABUSO Y AGRESIÓN
Está vinculado al punto anterior y es uno de los asuntos más relevantes de la ley. Se pone fin a la distinción entre abuso y agresión sexual con una reforma del Código Penal que pasará a considerar violación todos los actos sexuales no consentidos por la víctima, que serán castigados con diferentes tipos de penas en función de la gravedad y de las circunstancias. Hasta ahora la distinción se determinaba en función de si concurrían episodios de violencia o intimidación. Cambiar esto era una reivindicación del movimiento feminista.
SISTEMA DE PENAS DE HASTA 15 AÑOS Y AGRAVANTES
El nuevo sistema de penas va desde una multa hasta penas de prisión de 12 años para las violaciones agravadas, y de hasta 15 años cuando concurran dos circunstancias agravantes. Entre los agravantes están, entre otros, las agresiones sexuales cometidas por dos o más personas, el uso de fármacos o drogas para anular la voluntad de la víctima, que la mujer sea pareja o ex pareja (aun sin convivencia) o el uso de la violencia física o armas para amenazar.
