El proyecto del Congreso sobre declaraciones juradas de interés referidas a los legisladores ha sido cuestionado por la Contraloría General de la República. El contralor Nelson Shack expresó su “preocupación” al respecto al presidente del Parlamento, Manuel Merino de Lama, con el fin de “enriquecer” el debate parlamentario.
Entre las preocupaciones del contralor se incluye la eliminación de la disposición respecto a las conductas tipificadas como infracciones, tipificadas como responsabilidad administrativa. Shack calificó de “grave” la inclusión del artículo 14 sobre las infracciones administrativas por las que se establecen sanciones y procedimientos sancionadores.
En ese sentido, advirtió que dicho artículo podría ser declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional (TC) al incumplir el hecho de que las conductas infractoras deben estar tipificadas en una norma con rango de ley y no en un reglamento.
“Resulta particularmente llamativo que el título de la norma por aprobar señale que se faculta a la Contraloría General de la República para el control, fiscalización y sanción; debido a que de aprobarse tal y como se encuentra redactado el texto sustitutorio, en ningún caso la Contraloría General de la República podría imponer sanciones por inconducta funcional de los sujetos obligados en la materia”, señaló Shack.
P.B.P
