El pleno del Congreso otorgó el voto de confianza al gabinete que lidera el Presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, el pasado 10 de enero en una sesión en que las intervenciones de los parlamentarios de distintas bancadas se centraron en la muerte de 17 civiles producto de los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y manifestantes en Juliaca, en San Román, Puno.
El gabinete ministerial recibió el pleno respaldo de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País, mientras que las bancadas de Perú Libre, Bloque Magisterial, Cambio Democrático, Perú Bicentenario y Perú Democrático votaron en contra de que Otárola continúe como premier. La votación fue de 73 votos a favor, 43 en contra y 6 abstenciones.
Las demandas de los grupos de izquierda eran claras: la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, o la dimisión del Consejo de Ministros, y la conformación de una comisión investigadora en el Congreso que indague los decesos en Juliaca, entre cuyas víctimas se encuentra una menor de edad y un interno de Medicina que recibió un proyectil cuando auxiliaba a heridos.
Por otro lado, los parlamentarios de la oposición al expresidente Pedro Castillo respaldaron los anuncios realizados por el jefe del gabinete durante la exposición de la política general del Gobierno.
Así mismo aplaudieron las medidas dispuestas por el Ejecutivo como la inmovilización social obligatoria en Puno y la declaratoria nacional de duelo por los fallecidos y “especialmente, dijo Otárola, a quienes no están visibilizados por la prensa en esta coyuntura trágica, me estoy refiriendo a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”.
Mientras tanto, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dispuso iniciar una investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte, el primer ministro Alberto Otárola y los titulares Víctor Rojas (Interior) y Jorge Chávez (Defensa) por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, durante las protestas que enfrenta el Gobierno tras la vacancia de Pedro Castillo.
“La investigación preliminar es por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones de los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho”, precisó la Fiscalía en un tuit.
