El Congreso de la República, encabezado por Alejandro Soto, ha decidido seguir adelante con la sesión plenaria programada para el 8 de noviembre, centrada en el caso de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), a pesar de la decisión de la Tercera Sala Constitucional que suspende temporalmente todos los efectos del informe final aprobado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. La JNJ, por su parte, ha manifestado su compromiso de acatar la decisión judicial, considerándola un acto de respeto y cumplimiento.
El Parlamento anunció esta determinación después de que la Sala Constitucional ordenara la suspensión provisional de los cargos imputados a los siete miembros de la JNJ, incluyendo a Imelda Tumialán, Aldo Vásquez, Henry Ávila, Luz Tello, Antonio De la Haza, María Zavala y Guillermo Thornberry. A pesar de las críticas y advertencias de expertos como Rosa María Palacios, quien señaló que el Congreso estaría infringiendo la Constitución y enfrentando posibles acciones legales por incumplimiento del mandato judicial, el Legislativo mantiene su postura de seguir adelante con el debate.
Este enfrentamiento entre el Poder Legislativo y el Judicial plantea interrogantes sobre el respeto a las decisiones judiciales y la división de poderes en el país. Mientras el Congreso insiste en su posición, la JNJ ha reafirmado su compromiso con el cumplimiento de las decisiones judiciales, subrayando la importancia de acatar las normativas legales y judiciales como un principio fundamental en una sociedad democrática.
La situación actual refleja un conflicto político y legal que está generando controversia en la opinión pública, poniendo en tela de juicio la integridad del sistema judicial y la responsabilidad de los actores políticos en el país. En medio de esta disputa, la ciudadanía observa con atención el desenlace de este enfrentamiento institucional, esperando que se resuelva de acuerdo con los principios democráticos y el respeto a la ley.
