La Comisión de Justicia del Parlamento ha emitido su informe final tras una exhaustiva investigación sumaria sobre las presuntas faltas graves de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Esta investigación, que fue iniciada en septiembre a raíz de una moción de orden del día presentada por la congresista Patricia Chirinos, buscaba evaluar cinco acusaciones que incluían la intervención en procesos judiciales y la interpretación de la Constitución.
Después de cuatro sesiones extraordinarias, el informe final de la Comisión de Justicia concluye que no hay “causa grave” cometida por los miembros de la JNJ. Sin embargo, el informe recomienda que se exhorte a los magistrados de la JNJ a abstenerse de pronunciarse sobre casos específicos que estén siendo tratados por otro poder del Estado. Además, el informe sugiere que ciertos puntos, como el límite de edad para ser miembro de la junta y la obligación constitucional de presentar informes anuales, sean revisados por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Legislativo.
En relación con las acusaciones específicas, el informe determinó que no hubo causa grave en la intervención de la JNJ en el proceso parlamentario contra Zoraida Ávalos y en la supuesta intromisión ante la Sala Plena de la Corte Suprema. Además, el informe indicó que no se pudo verificar la autenticidad de la filtración de informes a la prensa sobre la Fiscal de la Nación. En cuanto a la interpretación de la Constitución y el incumplimiento de normas constitucionales, el informe señaló que estos temas deberían ser examinados por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
A pesar de las conclusiones del informe, algunos miembros de la Comisión de Justicia han expresado discrepancias, lo que sugiere que este tema continuará siendo objeto de debate en el Pleno del Parlamento. La decisión final sobre las recomendaciones y conclusiones de la comisión se espera después de la votación de los miembros.
