El expresidente Ollanta Humana y su esposa Nadine Heredia, junto a otros investigados por el caso Gasoducto del Sur, tendrían que pagar 1 300 millones de dólares si son condenados por los presuntos delitos de asociación ilícita, colusión agravada y lavado de activos.
Los implicados tendrán que pagar dicho monto luego que el Poder Judicial (PJ) declaró fundado el pedido de la Procuraduría Ad Hoc para el caso Lava Jato.
La Procuraduría Ad Hoc para el caso Lava Jato solicitó constituirse como actor civil en el proceso penal, donde se investigan las irregularidades en el otorgamiento de la concesión del proyecto Gasoducto Sur Peruano.
El juez Leodan Cristóbal Ayala aprobó dicho pedido el pasado martes, 28 de marzo, donde se requirió de manera provisional el pago de dicho monto como reparación civil por los daños ocasionados al Estado.
En esa línea, si se emite una sentencia condenatoria, en el cual la cifra de dinero tendría que ser asumida de manera solidaria por Ollanta Humala y Nadine Heredia, en conjunto con otros 30 investigados en el referido caso.
Rechazan recurso de casación
En diciembre pasado, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por el juez César San Martín, determinó que los aportes del gobierno venezolano de Hugo Chávez, y las empresas brasileñas Odebrecht y OAS a las campañas de 2006 y 2011 del expresidente Ollanta Humala sí constituyen el delito de lavado de activos.
El juez Manuel Luján Túpez dio lectura a la resolución que responde al recurso de casación interpuesto por Humala Tasso para revocar una decisión de segunda instancia que confirmó el rechazo del recurso presentado sobre la figura de lavado de activos. En contraposición, el fiscal supremo César Zanabria y el Procurador para casos de Lavado de Activos, Miguel Sánchez Mercado, precisaron que el recurso presentado por la defensa de Humala debía ser rechazado, debido a que consideraron que sí es posible cometer el delito de lavado de activos en todas las etapas del proceso.
El caso
En este caso, según la tesis del Ministerio Público, diversos funcionarios públicos y agentes privados se pusieron al “servicio de un pacto criminal” que estuvo liderado por el expresidente de la República y primera dama, Ollanta Humala y Nadie Heredia, respectivamente.
Además, el objetivo habría sido beneficiar los intereses de Odebrecht, empresa que buscaba ganar la licitación del citado proyecto junto a su consorciada Enagás.
Por otro lado, dicho proceso penal se disputa, desde diciembre del 2020, entre la Procuraduría y las defensas legales de los personajes que resultaron investigados, así como de las compañías vinculadas a la licitación del Gasoducto.
Las defensas de los involucrados mantienen su posición respecto a oponerse a que el referido ente rector ingrese al caso como actor civil para demandar el pago del resarcimiento económico en favor del Estado peruano.
De esta manera, se conoció que la Procuraduría Ad Hoc para el caso Lava Jato solicitó que los investigados por el caso Gasoducto del Sur, entre ellos Ollanta Humala y Nadie Heredia, paguen 1 300 millones de dólares como reparación civil.
