Ana Estrada comenzó un camino legal buscando la muerte digna hace cuatro años. A sus 45 años tiene una enfermedad degenerativa, la cual sufre desde los 12. La polimiositis deteriora su cuerpo, ya ha sido analizadas por médicos y jueces. Hace un año se le concedió lo que tanto buscaba, pero a último momento se presentó un giro inesperado.
La polimiositis incurable atrofia progresivamente sus músculos, la mantiene postrada a una cama más de 20 horas al día, conectada a un respirador mecánico y en estado de dependencia alta. Hasta 2015 podía movilizarse con silla de ruedas y mantener una vida casi independiente, pero cuando la enfermedad alcanzó sus músculos respiratorios y pasó seis meses en cuidados intensivos, decidió que quería poder decidir su final.
El 2019 podía permanecer un par de horas sentada, por en día una labor más que dolora. “Estoy luchando para evitar la agonía y el sufrimiento, ¿qué cosa más vital puede haber en eso? Estamos 2022 y mi cuerpo se sigue deteriorando. Tengo algunas cosas que podía hacer y ya no, no puedo hablar, para hacerlo tengo que prepararme con dos días de anticipación, estar descansada”, dice Ana.
Junto a la Defensoría del Pueblo, el 9 de enero del 2020 presentó una acción de amparo para que se reconozca su derecho a una digna muerte. El 25 de febrero del 2021, el Décimo Primer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima falló a su favor y ordenó al Ministerio de Salud y EsSalud respetar su decisión de acceder a la eutanasia cuando ella lo decida y crea conveniente.
La misma sentencia ordenaba que no se castigara con 3 años de prisión “al que, por piedad, mata a un enfermo incurable que le solicita de manera expresa y consiente para poner fin a sus intolerables dolores”. Esto significaba que ningún médico sería procesado. Ni el Ministerio de Justicia, ni el de Salud, ni mucho menos EsSalud apeló.
Únicamente quedaba un paso, a priori el menos complicado. Pero como no todo es color de rosa. La sentencia fue elevada a la Corte Suprema, ya que así lo establece el ordenamiento jurídico peruano para fallos que suponen inaplicar una norma, incluso si las partes demandadas no han apelado.
“El expediente sube solamente en consulta por la inaplicación del artículo 112 y no debía reevaluarse los hechos médicos porque eso ya fue determinado por el juez y aceptados por las partes. La audiencia tenía que ceñirse únicamente al tema relativo al derecho. La parte médica quedó firme”, asegura Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo.
El 17 de enero pasado en una audiencia cargo de la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema se incluyó la participación del abogado Rey Medina, representante de la Sociedad Peruana de Cuidados Paliativos, en condición de amicus curiae. Medina propuso la sedación hasta que muera como alternativa a la eutanasia.
“Mi intervención iba a ser casi un saludo porque entre ellos, se supone, tenían que hacer la interpretación jurídica de la sentencia, pero fue todo menos eso. Fue casi como una primera audiencia donde yo tenía que responder un montón de preguntas que ya estaban resueltas y estaban en el expediente”, sostiene Estrada.
Ana rechaza esa posibilidad, al igual que la defensoría. Además, esto va en contra de su ya aprobado derecho a decidir. La neuróloga especialista en Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) del Instituto Roosvet de Colombia, Martha Peña Preciado, menciona que el problema con la sedación paliativa es que mantiene consciente por momentos al paciente. Pero eso no evita que el dolor disminuya.
“El dolor no es mismo que el sufrimiento. Hay gente que no tiene dolor y sufre. El dolor puedes controlarlo con morfina, pero el sufrimiento, al tener un contenido subjetivo, no mejora con tratamiento. Los paliativistas no hacen sedaciones profundas porque a la larga es eutanasia. Hacen sedaciones intermitentes. Para algunos el despertarse por unas horas o días y ser consciente que sigue vivo y sufriendo puede ser más torturante”, señala.
Ana Estrada y la Defensoría esperan que hoy la corte Suprema apruebe la inaplicación para dar por cerrado de forma definitiva el proceso. Luego de esto recién se podrá ejecutar el tan ansiado fallo inicial. Después de esto, será EsSalud quien defina el protocolo de la eutanasia. La decisión de llevarla a cabo por parte de Ana podría darse en cualquier momento. No hay fecha exacta. “Esta lucha me ha enriquecido más de lo que pudiera otra experiencia a pesar de que estoy más enferma físicamente que antes”, expresa la Ana.
