La empresa de Transportes Turísticos Waynapicchu S.A. presentó ante el Poder Judicial una demanda contra Alejandro Soto luego de que su proceso penal por estafa se archivara gracias a la polémica ley de prescripción que aprobó el Congreso hace algunos meses.
La demanda de la compañía también envuelve a otras cinco personas: Mario Sequeiros Fajardo, Datne Flores Medina, Juan José Durand Gonzáles, José Carlos y Marco Antonio Quenta Escalante; y se pide la instalación del juicio oral respecto a la reparación civil que asciende a 1,371,981.58 soles por daños y perjuicios ocasionados.
MOTIVO DE LA DEMANDA
La Fiscalía le imputó a Soto el delito de estafa porque firmó un contrato con la compañía para la elaboración de sus estatutos, servicio por el que cobró 10 mil soles pero que no entregó, así como por la venta de un terreno sobrevalorado que le pertenecía por 265 mil dólares.
Debido a que los acusados se salvaron gracias a la hoy llamada “Ley Soto”, Darwin Urquizo, defensa legal de Waynapicchu S.A., ha presentado testimonios, así como pruebas periciales y documentarias para poder exigir la reparación civil.
