Tras la denuncia presentada por el procurador anticorrupción Amado Enco, la fiscal anticorrupción Janny Sánchez resolvió abrir una investigación preliminar al ex mandatario por presuntamente haber coludido junto con sus ex ministros durante su segundo gobierno la entrega de la concesión del puerto de Paita a la empresa Terminal Portuarios Euroandinos de Paita (TPE Paita).
Según la denuncia presentada el 15 de noviembre pasado por Enco, García Pérez en su condición de mandatario (2006-2011) junto a sus ex ministros Enrique Cornejo, Martín Carranza, Verónica Zavala, Lucía Cayetana Aljovín, Mario Arbulú, Hernán Garrido y David Lemor, habrían cometido el delito de colusión agravada en contra del estado con la creación de “decretos de urgencia inconstitucionales” a favor de la empresa portuaria TPE Paita.
Enco manifestó que “hay elementos suficientes que comprometen al ex presidente de la República (García). Ha generado un gran perjuicio económico. Desde el Ejecutivo, García y los ministros encargados de las carteras que comprometen el sistema portuario generaron una serie de documentos, directivas, indicaciones para sacar adelante esta concesión”, puntualizó.
En ese sentido, el titular de la Procuraduría Anticorrupción resaltó la complejidad del caso debido a que este requiere de un alto análisis de carácter financiero para poder responder cómo es que el Estado resultó ser el único perjudicado económicamente, mientras que la empresa TEP de Paita fue beneficiada.
Cabe señalar que la defensa del Estado en declaraciones a la prensa sostuvo que “en la época de García los decretos de urgencia se convirtieron en una política de Estado que fueron discutidos y aprobados en el seno de las reuniones del concejo de ministros”, agregó.
MN
