A tres años de la derogatoria de la popular Ley Pulpín (Ley 30288), la Comisión Permanente del Congreso aprobó ayer (miércoles) la modificación a la Ley de modalidades formativas (Ley N° 28518) denominándola ley de “Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo” (Ley 1215). Esta iniciativa -hoy hecha ley- es de autoría de la congresista fujimorista Rosa Bartra.
Mediante esta nueva modalidad los estudiantes de Centros de Educación Técnico-Productiva (Cetpros) y de Institutos de Educación Superior Tecnológico trabajarían hasta 20 horas semanales (4 horas diarias) para las empresas sin recibir un salario ni demás derechos que contempla las leyes laborales. El “beneficio para los estudiante –según Bartra- es “complementar su formación teórica-práctica”. La misma ley advierte que esta modalidad no podrá excederse de un total de 448 horas distribuidas en un periodo máximo de 3 años.
La norma fue aprobada en primera votación por la misma Comisión y por tanto no volverá a ser revisada por el Congreso.
Ante la lluvia de críticas de algunos parlamentarios (Nuevo Perú) y de los diferentes colectivos juveniles la autora fujimorista de la polémica ley justificó su propuesta:
“No se trata de trabajo, sino de formación. Los chicos de los institutos necesitan aprender en un entorno en el cual van a desarrollar su trabajo. Los institutos carecen de infraestructura y equipamiento que les permita desarrollar habilidades. No es un contrato, sino un convenio”.
Sin embargo para el laboralista Enrique Fernández Maldonado utilizar la palabra “convenio” para este vínculo laboral (estudiante – empresa) resulta ser una retórica:
“(El convenio) es una retórica. Con el argumento de la experiencia laboral, las empresas pueden reducir sus costos de manera significativa. Ninguna norma laboral basada en la adquisición de la experiencia puede darse sin ningún costo. La ley de modalidades formativas establece un monto mínimo que le da cierto respaldo al trabajador preprofesional”, dijo a un diario nacional.
Votaron en contra
Solo los parlamentarios de Nuevo Perú, Marisa Glave y Alberto Quintanilla, votaron contra la norma al considerarla discriminatoria y que promueve la explotación.
Hasta el cierre de la presente edición, congresista Bartra habría retirado su norma.
C.Q.R.
