El presidente de esa comisión parlamentaria, Fernando Villavicencio, adelantó que “la recomendación central” del informe es que no se llame a juicio político al mandatario, en una entrevista con Teleamazonas, el legislador leyó una parte del informe “Una vez analizadas las pruebas de cargo y descargo, así como la contestación a las acusaciones políticas presentadas, la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político, sobre la base de los aportes y comparecencias dentro de la actuación de pruebas, así como las pruebas documentales recibidas, concluye que el señor presidente constitucional de la República del Ecuador no hay incurrido en el presunto delito de peculado y esta Comisión resuelve no recomendar el enjuiciamiento político del presidente”.
Los presuntos nexos de Lasso con el caso “Gran Padrino”
El medio digital ‘La Posta’ fue sacó a la luz los polémicos audios donde aparecía el empresario Danilo Carrera, cuñado de Lasso. En estos se podía entrever una trama de corrupción en contrataciones y nombramientos en empresas estatales y en los mismos audios figuraba otra persona cercana al oficialismo, el empresario Rubén Cherres, quien estuvo vinculado en 2021 a una investigación por presuntos nexos con el narcotráfico.
Asimismo, varios grupos de la oposición, que son mayoría en la Asamblea, pidieron enviar a juicio a Lasso basándose en un informe de una comisión legislativa que investigaba el resonado caso “Encuentro” o “Gran Padrino”, la comisión investigadora recomendó al total de la Asamblea exigir explicaciones a Lasso por el supuesto entramado de corrupción.
La solicitud de juicio político está amparada en los numerales 1 y 2 del artículo 129 de la Constitución, que considera censurar al presidente por delitos “contra la seguridad del Estado” o por “concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito” y la asambleísta, Viviana Veloz presentó la solicitud ante la Asamblea, había afirmado: “Hemos presentado este juicio político porque los hechos fácticos, la relación circunstancial y la conducta del presidente se adecúa a los delitos por concusión y peculado en las empresas públicas Petroecuador, la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (Emco)”y criticó el informe cuando fue publicado por la comisión que está constituida por la mayoría opositora y dijo que era un “mamotreto” sin “pies ni cabeza”.
El Gobierno de Lasso enfrenta este juicio en un momento complejo, hace poco perdió las elecciones locales, que quedaron en manos del correísmo, y fue derrotado en un referendo promovido por el propio presidente. En junio de 2022, Lasso había esquivado una moción de destitución en la Asamblea, debido a que el número de votos no fue suficiente. Este hecho se dio en medio de las protestas indígenas que tuvieron paralizado el país por 18 días.
No han presentado una sola prueba
El litigio contra Lasso comenzó formalmente el pasado 16 de marzo, con la presentación de la solicitud del juicio político ante la Asamblea Nacional por parte de legisladores de varias bancadas. Además, los parlamentarios señalaron a Lasso por los delitos de concusión y peculado, causales previstas en el artículo 129 de la Constitución de Ecuador.
El señalamiento de peculado, está vinculado a la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec). La acusación del delito de concusión se relaciona con la supuesta corrupción en empresas públicas, un escándalo que se desató en enero e incluso salpica al cuñado del mandatario Danilo Carrera, que originó en el caso ‘El Gran Padrino’ o ‘Encuentro’.
Antes de que la Comisión de Fiscalización del Parlamento tratará el asunto, el proceso pasó por la Corte Constitucional (CC), que aprobó un dictamen de admisibilidad parcial, admitiendo la acusación relacionada con el presunto delito de peculado, pero no las incriminaciones sobre el cargo de concusión.
Basándose en lo determinado por la CC, la Comisión de Fiscalización trató solo el asunto relacionado con el supuesto caso de peculado. En este se acusa a Lasso de presuntamente haber permitido un contrato que perjudicaba al Estado, a cargo de Flopec con Amazonas Tanker Pool, una firma internacional que funciona en las Islas Marshall considerado un paraíso fiscal, y que es dueña de buques para transporte petrolero.
En las conclusiones establecidas en el informe borrador de la Comisión de Fiscalización se determina que el contrato entre la empresa Flopec y Amazonas Tanker Pool no se firmó en la gestión de Lasso, sino en la anterior, de Lenín Moreno, por lo que el presidente no habría incurrido en ningún delito. Se señaló en la acusación, que en julio del año pasado se había firmado ese nuevo convenio con Amazonas Tanker Pool, sin embargo, Villavicencio indicó que “ese contrato no existe”.
