Ayer, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, defendió el Decreto Legislativo 1585, alegando que no se trata de una forma de dar impunidad a los presos. No obstante, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, cree que esta acción representa un retroceso en la lucha contra la delincuencia y quiere que se revise.
Según Arana, el decreto no otorga beneficios sin restricciones a los delincuentes, ya que no hay un mecanismo que les permita salir inmediatamente de prisión, especialmente aquellos que cometieron delitos graves como secuestro, violación o corrupción. Asimismo, el ministro afirmó que este decreto se elaboró mediante las sugerencias del Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional.
En cuanto a la medida de transformación de castigos efectivos por el uso de grilletes para transgresiones negligentes inferiores a los 12 años, el ministro explicó que “el juez verá” qué determinación tomar, dependiendo de la situación del sentenciado y la norma establecida. Además, el decreto permite ofrecer a los jueces un paquete de medidas para examinar si una persona condenada se ha resocializado y si podría disponer eventualmente del uso de grilletes.
Arana mencionó que los grilletes han existido durante 30 años, pero no había una norma legal que permitiera a los jueces hacerlos efectivos. En definitiva, el Decreto Legislativo 1585 permite a los jueces examinar si una persona condenada se ha resocializado y si podría disponer eventualmente del uso de grilletes, y añade nuevos delitos al catálogo ya existente.
Flexibilidad penal cuestionada
Una vez comprendida la importancia de la norma, varios abogados penalistas, incluyendo el presidente del Poder Judicial, han expresado su preocupación al respecto.
Ante esto, Javier Arévalo manifestó que era necesario revisar el Decreto Legislativo en discusión. En su opinión, no se podía permitir un retroceso en la lucha contra la criminalidad y la flexibilidad en esta materia. Además, argumentó que la solución para reducir la inseguridad ciudadana no era la flexibilización de penas, sino la aplicación de medidas duras contra los delincuentes. En definitiva, según él, la inseguridad ciudadana se había convertido en un problema cotidiano que requería soluciones contundentes.
