Ley Permite a Funcionarios: “Usar vehículos del Estado para temas Personales”

De tal manera, se trataba de un vehículo utilitario deportivo (SUV) Mitsubishi modelo Outlander. La placa EGW-317 consultada en Registros Públicos confirmó que le pertenece a la Presidencia del Consejo de Ministros. En 2016 pasó a la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir). Sin embargo, al menos en este centro educativo, no cumplía actividades oficiales.

Vecinos alertaron sobre una camioneta de propiedad de la PCM que hacía transporte escolar en Chorrillos. Además, La República comprobó que se trataba de la presidenta ejecutiva de Servir. Artículo 388 del Código Penal flexibiliza estos usos para determinados puestos en aparato público.

La República alertaron sobre la presencia de una moderna camioneta del Estado todas las mañanas haciendo movilidad escolar en un reconocido colegio particular de Chorrillos. De tal manera, se trataba de un vehículo utilitario deportivo (SUV) Mitsubishi modelo Outlander. La placa EGW-317 consultada en Registros Públicos confirmó que le pertenece a la Presidencia del Consejo de Ministros. En 2016 pasó a la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir). Sin embargo, al menos en este centro educativo, no cumplía actividades oficiales.

Sin embargo, quien llegaba aquí era precisamente Ana Isabel Pari Morales de 36, presidenta ejecutiva de Servir desde el último 3 de marzo en reemplazo de Janeyri BoyerCarreraServir, entidad adscrita a la PCM, nació en 2008 para “modernizar la función pública”. Lo cual, horas después, aclaró vía telefónica que la ley ampara este uso, pero que lo evitaría. “El vehículo está asignado a la presidencia de Servir. Por lo tanto, voy a buscar otros medios para trasladar a mi hijo en adelante”.

Finalmente, preguntaron a diversos abogados sobre este hecho. Lo cual, coincidieron en que un funcionario público que para su beneficio permite o usa vehículos, máquinas u otro instrumento de trabajo del Estado incurre en el delito de peculado de uso, como señala el artículo 388 del Código Penal. “La pena es de 2 a 4 años de cárcel más suspensión”, indica la penalista y docente, Romy Chang.