La odisea de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) persiste. La disputa sobre la destitución de los siete integrantes, que no pudo tener lugar el miércoles 8 de este mes en el Pleno del Congreso debido a una medida cautelar de la Corte Superior de Justicia de Lima, ha sido trasladada al ámbito de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC).
El próximo viernes 17, a las 9:00 de la mañana, se llevará a cabo la votación del informe final en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC). El representante designado es el congresista Esdras Medina, quien podría sugerir sanciones que van desde una amonestación hasta la inhabilitación por 10 años de los siete miembros en funciones públicas.
La acusación a cargo de Medina contra la JNJ lleva el número 373 y fue interpuesta en mayo de este año por Jorge Montoya, secretario de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC). La denuncia se basa en la presunta violación constitucional de los siete miembros de la junta, quienes, según alega, emitieron una resolución en octubre de 2020 permitiendo la continuidad en el cargo de la magistrada Inés Tello, a pesar de que tenía más de 75 años, en contravención de las disposiciones reglamentarias.
En conversación con el diario Perú21, Medina afirmó que enviará el informe final entre el miércoles 15 y el jueves 16, con el objetivo de que pueda ser incluido en la agenda del viernes 17 y ser evaluado por los 24 integrantes mediante escrutinio.
En el viernes pasado, la líder de la SAC, Lady Camones, informó a este medio que el congresista Medina presentaría el informe final de este caso la semana entrante, aunque no proporcionó una fecha precisa para la votación.
“Estamos trabajando de forma técnica, muy seria. Creo que va a ser un informe muy contundente”, manifestó el delegado. Y, al ser consultado si cree que la sanción contra los siete magistrados será de forma individual o grupal, contestó: “Creo que debería ser por los siete, pero eso ya lo iremos trabajando, mañana lunes (hoy), con todo el equipo técnico que tenemos”.
Sin embargo, según el experto en derecho constitucional Aníbal Quiroga, las responsabilidades en esta denuncia constitucional deben ser individuales, de acuerdo con lo estipulado en la Carta Magna. Además, señaló que estas responsabilidades podrían abarcar desde una amonestación o advertencia hasta la sanción máxima, que consiste en la inhabilitación por un período de diez años, conforme a lo planteado en la denuncia.
