El pasado 18 de julio, el director general del Gobierno del Interior, Jorge Ortiz Marreros, designó a 37 autoridades para los cargos de prefectos y subprefectos que dejan mucho que desear. Algunos de ellos son investigados en la Fiscalía, otros tienen vínculos con organizaciones ligadas a Pedro Castillo y 30 de ellos no cuentan con estudios superiores, según la Sunedu.
Un caso de los mencionados es el subprefecto distrital de Huánuco, David Mallqui, quien fue secretario provincial del Partido Magisterial y Popular, organización vinculada a Pedro Castillo y a Fenate Perú, sindicato de maestros con nexos con el Movadef que también apoyó al expresidente.
De igual manera, el historial de Mallqui no solo queda cuestionado por sus afiliaciones políticos, puesto que en 2019 el subprefecto fue denunciado en la Fiscalía de Huánuco por estar vinculado a una investigación contra los dueños de Amazon Import. Los empresarios fueron acusados de vender autos de la automotriz Gildemeister, sin autorización y falsificando documentos, lo que resultó en 11 personas afectadas quienes nunca recibieron los autos a pesar de que pagaron por adelantado.
Así, el subprefecto fue incluido en dicha investigación por presuntamente haber cometido el delito de estafa.
Otra autoridad denunciada fue la subprefecta distrital de Amazonas, Lina Camus Saldaña, por “haber contravenido el derecho a la integridad personal del menor con iniciales R.E.C.S. de 14 años”. La denuncia intentó ser archivada en noviembre de 2019 sin éxito.
Además, la subprefecta de Huambo y locutora de radio también fue denunciada por difamación agravada.
Otro caso es el de Marco Antonio Orozco, subprefecto distrital de Huarochirí, quien fue sancionado por la ONPE por no presentar información financiera de su campaña electoral cuando postuló para ser alcalde del distrito donde ahora es subprefecto. La multa de 10 UIT, sin embargo, fue anulada a fines de 2022. Orozco, al igual que otros nueve subprefectos, han sido militantes de Alianza para el Progreso o de Perú Libre.
Por último, también está Pascual Raúl Chumpitaz, quien fue designado como subprefecto distrital de Santa Cruz de Flores, en Cañete. Chumpitaz es uno de los 30 subprefectos que no cuentan con estudios superiores. Sin embargo, eso no parece impedirle participar en decisiones importantes para Cañete, como la elección del juez de paz del distrito del que ahora es subprefecto.
Pendiente a debate
La autora del proyecto de ley que busca eliminar los cargos de prefectos y subprefectos como autoridades políticas, Nilza Chacón, mencionó: “Difícilmente estos señores pasan por proceso de evaluación, en la mayoría son designados a dedo”
La congresista de Fuerza Popular indicó que pese a que el dictamen fue aprobado por mayoría, aún no ha sido debatido en el Pleno del Congreso.
