Contraloría cuestiona incremento en las dietas de regidores

Órgano de control se pronunció sobre lo decidido en dos municipios del país.

Regidores de la Municipalidad de Arequipa evaluaron ajustarse la dieta, pero luego decidieron no hacerlo. FOTO: Andina.

Un regidor no percibe sueldo, sino dieta por sesión asistida. El monto debe ser equivalente al 30% de la remuneración del burgomaestre, según la norma.
El 30 de diciembre del 2019 se emite el Decreto Supremo 413-2019-EF. Esta norma aprueba disposiciones para dar una compensación económica a los alcaldes distritales y provinciales. En otras palabras, resulta ser una mejora en las remuneraciones de acuerdo al número de pobladores.

Sin embargo, en sus disposiciones complementarias finales precisa que dicho decreto no autoriza a los concejos municipales a reajustar el monto a las dietas correspondiente para los regidores.

Según el informe de la Contraloría, el Concejo Municipal de la provincia de Huallaga aprobó el aumento en las dietas de los regidores considerando como base el 30% de la remuneración del alcalde. La sesión ordinaria de concejo se realizó el 31 de enero de 2023. Sin embargo, no se tomó en cuenta la normativa presupuestal del sector público vigente, lo que afectaría el correcto uso de los recursos de la entidad.

En la Municipalidad Provincial de Huancayo se aprobó una dieta de S/3.978,00, también en función al 30% de la remuneración del alcalde Dennys Mercurio Cuba Rivera (S/13.260,00).

La Contraloría detalla que antes de este acuerdo, las dietas para los 16 regidores era de S/40.560,00 mensuales y al año se invertía S/486.720,00.
El informe concluye que con esta decisión en los cuatro años de gestión se gastaría más de un millón de soles de excedente, lo cual perjudicaría el presupuesto institucional en metas y partidas.

Los alcaldes deben decidir si ejecutan estos acuerdos ediles o los consideran ilegales. Las autoridades deben ser cautelosas, de lo contrario, se les podría abrir un proceso peculado y/o abuso de autoridad. En vista de que la Contraloría alcanza recomendaciones para corregir estos errores, el rol de las oficinas de Asesoría Legal es fundamental para subsanarlos.