El líder del partido político Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, enfrenta un contratiempo judicial, ya que el Poder Judicial dispuso la eliminación del secreto de sus comunicaciones como parte de una investigación preliminar relacionada con el caso “Cuellos Blancos del Puerto” en el que se investiga al exjuez supremo César Hinostroza y otras personas.
La orden del juez supremo Juan Carlos Checkley se aplica no solo a Acuña, sino también a Hinostroza, al exjuez suprema Ángel Romero y al exfiscal Tomás Gálvez, que están siendo investigados.
Además, la lista de personas incluidas en la investigación preliminar del caso también incluye a Guido Aguila e Iván Noguera, como exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) desactivado, Humberto Acuña, Willy Serrato, Mario Mendoza y Julio Severino Bazán, que son un empresario y un abogado respectivamente. Todos ellos, incluyendo Acuña, son testigos impropios en este caso, lo que significa que no están siendo investigados.
Esta investigación preliminar está relacionada con presunto favoritismo hacia Hinostroza, Romero y Gálvez para ser seleccionados como magistrados supremos después de que el CNM convocara a ocupar esos cargos en 2015.
Detalles de comunicaciones
El juez Checkley ha dictaminado que las cuatro compañías de telecomunicaciones más importantes del país deben proporcionar a la Fiscalía información detallada sobre todas las llamadas, mensajes de texto y mensajes de voz realizados por los sospechosos y testigos no apropiados durante el período comprendido entre el 23 de enero de 2015 y el 31 de enero de 2016, tanto entrantes como salientes.
Además, también deben proporcionar una lista de las líneas telefónicas utilizadas por los sospechosos y testigos no apropiados durante ese período, incluyendo sus fechas de activación, estado actual y cualquier motivo de baja, si corresponde.
La Fiscalía tiene que realizar esta acción en un lapso de 48 horas y luego debe informar al Poder Judicial sobre los resultados, para que se realice un control. Aunque es importante mencionar que esta acción sólo se debe hacer para los propósitos de la investigación actual, y si no se lleva a cabo, habrá consecuencias para los responsables.
Mientras tanto, la defensa de Acuña había pedido que se rechace la solicitud de la Fiscalía, argumentando que afecta a la legalidad del proceso, pero el tribunal la desestimó.
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