El plan de gobierno planteado por Perú Libre podría ser calificado como “catastrófico”, a las propuestas en materia económica se le suma la de replantear la deuda externa, regular los medios de comunicación y desactivar el Tribunal Constitucional (TC). Economistas coinciden en que el programa es inviable.
El plan elaborado por Vladimir Cerrón, presidente de Perú Libre y exgobernador de Junín sentenciado por corrupción, propone un cambio drástico en el campo económico y sostiene que esta es la única forma de cambiar la realidad del Perú.
La propuesta de Perú Libre busca un “ajuste” en la economía con medidas como la estatización de los yacimientos mineros, la revisión de contratos con las transnacionales para revertir el reparto de utilidades. Precisamente, la revisión de los contratos-ley con las transnacionales, es uno de los puntos que más llama la atención.
“Esta medida permitirá renegociar la proporción del reparto de utilidades en las que las transnacionales se quedan con el 70% de las ganancias y el Estado solo con el miserable 30%”, refieren.
Y agregan que se debe aplicar “impuestos a todas las empresas sin excepción”, pues consideran que no es posible que sean exoneradas de impuestos como la renta, el canon, el sobrecanon, las regalías y los derechos de vigencia, entre otros.
Asimismo, también apuntan a que si los yacimientos mineros, gasíferos, petroleros, hidroenergéticos y de comunicaciones, entre otros, no aceptan las nuevas condiciones de negociación, no descartan la nacionalización de estos.
“En algunos casos, solamente debe recurrirse a la nacionalización y no a la estatización, indemnizando al privado lo invertido”, precisan.
Las propuestas del partido de Pedro Castillo se refuerzan en darle el poder al “pueblo” y quitárselo a las autoridades. Castillo aseguró que desactivará el TC y que será la ciudadanía la encargada de elegir a los nuevos magistrados de dicho organismo.
En un apartado “Sobre política de justicia” se hace alusión al tema y se plantea que los miembros del TC deben ser nombrados por mandato popular y que se les debe suprimir sus privilegios. “El Estado les otorga vehículos lujosos, combustible, chofer, mayordomo, bonificaciones y personal de seguridad que debe suprimirse”, precisan.
En el ideario también se habla de la necesidad de una ley para regular a los medios de comunicación. Se destaca que la prensa libre es vital para la democracia, pero que una “prensa amarilla” es fatal.
“En un Estado democrático, todo está sujeto a ley y no debe confundirse ‘libre mercado’ ni ‘libertad de prensa’ con impunidad”, se lee en el plan.
Asimismo, se asegura que la concentración de medios daña la democracia y la lucha contra la corrupción, pues los medios de los dueños son accionistas hasta con 22% de empresas que se privatizaron y “Así, controlan el poder económico, mediático, jurídico, político y la opinión social”, asegura el plan.
Hablan los expertos
Diversos especialistas analizaron las propuestas en materia económica y coinciden en que son inviables.
Alfredo Thorne, exministro de Economía, consideró imposible implementar el programa de PL porque no tendrá mayoría en el Congreso. Explicó que, para la expropiación de empresas del sector privado, el mandatario tiene que ir al Congreso, presentar un proyecto, y que este sea debatido y aprobado.
“No podría implementar casi el 99% de sus propuestas. Me da la impresión de que trata de radicalizar al país, dividirlo, y lo está logrando”, indicó.
“En el caso que tenga sus votos y expropie por ejemplo Las Bambas, uno se pregunta ¿qué hace el señor Castillo con una empresa que produce 400 mil toneladas de cobre?, ¿a quién se la vende?”, sostuvo.
Además, aclaró que cada vez que las empresas firman un contrato con el Estado, este no puede desconocerse arbitrariamente porque acudirían a cortes internacionales.
Por su parte, Jorge Carillo, experto en Finanzas, indicó que la propuesta de Castillo es que el Estado sea un regulador y lamentablemente, “el Estado no ha servido para esa tarea”. Y agrega que la idea de nacionalizar las empresas al principio puede sonar muy bien, pero recuerda que el Estado como empresario ha sido muy ineficiente.
“Propone nacionalizar las empresas estratégicas y eso va a generar ineficiencia, burocracia y probablemente terminemos con una deuda pública enorme”, expresó.
“Dice que ‘va a generar empleo’, tampoco es que puedan darse 3 millones de empleos de un día para otro. Los que trabajen allí tendrán cierta estabilidad, pero el resto va a tener ineficiencia en los servicios públicos que brinde ese Estado”, resaltó.
Sobre la propuesta de que las transnacionales entreguen el 70% de sus utilidades y se queden con el 30%, Carrillo responde: “Muchas empresas se van a ir y otras van a verse sin ningún incentivo para ser empresa. Ni los países más desarrollados te cobran más del 50%”.
En la misma línea, el economista Jorge González Izquierdo consideró que nacionalizar las grandes empresas y entregárselas a los gobiernos regionales, sería una “aberración”.
El economista recordó que los gobiernos regionales ni siquiera son capaces de manejar los recursos que hoy en día tienen a su disposición y explicó que este tipo de empresas necesitan de una capacidad profesional muy alta y, de aplicar la propuesta de Castillo, se exponen al riesgo de que las autoridades terminen colocando a sus familiares como gerentes y los amigos en los directorios.
“Hemos visto que departamentos como Cajamarca y Huancavelica tienen mucha pobreza y la gente ni siquiera tiene agua y desagüe. Además, hay mucha corrupción, ¿cuántos presidentes regionales están presos y perseguidos?”, sostuvo Gonzales Izquierdo.
“Nacionalizar esas empresas va a generar que desaparezcan, volverlas no rentables y hacerlas quebrar seguramente”, concluyó.
