El proceso constituyente chileno partía de una ilegitimidad de origen, el estallido de la violencia revolucionaria promovido desde la izquierda radical y, en consecuencia, la creación de una Convención Constitucional con sobrerrepresentación del nuevo populismo iberoamericano. No es que los chilenos estuvieran mayoritariamente en contra de reformar la Constitución vigente, en buena parte, legado de la dictadura, pero lo que no han querido admitir es que la norma máxima de la convivencia democrática del país acabara en el fruto de una entelequia populista que consagraba la desigualdad ante la ley de los ciudadanos, convertidos en agrupación de minorías con derechos propios; ponía en riesgo la unidad de la Nación, acababa con instituciones de gran arraigo, como el Senado y, sobre todo, escindía étnicamente la Justicia en aras de un indigenismo sobrevenido.
Que el voto de rechazo haya alcanzado mayores porcentajes en algunas regiones indígenas del sur chileno demuestra que el sectarismo de sus promotores se había impuesto sobre la percepción de la realidad. La derrota del texto no admite paliativos, entre otras razones, porque ha venido de la más amplia concertación social, con un voto transversal, desde la izquierda socialista a la derecha conservadora; con la mayor participación de la historia, merced a la obligatoriedad del sufragio, y frente a un Gobierno que había movilizado todos los medios en favor del «sí».
Ahora, el presidente Gabriel Boric, que fue uno de los impulsores de las revueltas sociales de 2019 y avalista conspicuo de la Comisión Constituyente, tiene ante sí la responsabilidad de aceptar que una derrota del tal amplitud, que opera sobre la norma más importante en cualquier democracia, debería conducir inexorablemente a la dimisión. Por supuesto no lo hará. Procederá a un lavado de cara en el Ejecutivo y pretenderá dirigir un nuevo proceso constituyente, esta vez, a través de la representación legítima de la soberanía popular, como es el Congreso. Fuera de Chile, el resultado del referéndum ha provocado la airada reacción de unas izquierdas, cegadas por su propia propaganda.
En unos casos, como Unidas Podemos, en España, se busca la deslegitimación del resultado, desde la consabidas acusaciones de manipulación de la opinión pública por los poderes fácticos de la derecha, propietarios de una supuesta fábrica de fakes y bulos que habrían engañado a los votantes. En otros casos, como el del presidente comunista de Colombia, Gustavo Petro, se recurre directamente al menosprecio de la voluntad del pueblo chileno, que habría hecho revivir a Pinochet. Si políticos de la ideología de Ione Belarra, Gustavo Petro y Alberto Fernández, por citar los que han reaccionado primero, eran referentes políticos de la Comisión Constitucional, a nadie puede extrañar que el pueblo de Chile haya dicho no.
Editorial de La Razón de Chile
