El Ejecutivo promulgó la debatida ley que permite al Congreso de la República y a otras instituciones escoger a sus propios procuradores, vulnerando así las funciones de la Procuraduría General del Estado (PGE).
En este plano, la ley decreta que las procuradurías públicas del Legislativo, el Poder Judicial y las de los organismos constitucionales autónomos no están vinculadas administrativa ni funcionalmente a la Procuraduría General del Estado, esto significa que ellos mismos puedan elegir a quién supuestamente deberá fiscalizarlos.
La ley detalla que a partir de hoy, “mantienen autonomía administrativa y funcional para dirigir sus respectivos procesos de selección respecto de la Procuraduría General del Estado”, indicó Daniel Soria, procurador general del Estado.
“Los procuradores defienden los intereses del Estado, no de los titulares de las instituciones ni de los intereses particulares que eventualmente pueda haber. Incluso, esos procuradores pueden denunciar a los titulares de las instituciones a las que están adscritas, y para eso se necesita autonomía”,agregó.
