Después de que se emitiera un reportaje del programa Punto final que reveló que la congresista María Cordero Jon Tay usó a un empleado de su despacho para atender asuntos personales, se convirtió en el centro de un nuevo escándalo.
Cabe mencionar que, Ronald Castillo Rojas, un trabajador de Cordero, se presentó en el programa entrando a la sede de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) en el distrito de Miraflores. La APCI es una organización del sector de relaciones exteriores que tiene como misión supervisar la actividad de las organizaciones no gubernamentales (ONG).
Asimismo, Castillo Rojas visitó la APCI con el fin de abordar un asunto relacionado con la organización no gubernamental Amistad Perú Latinoamericana, la cual ha sido aprobada por la APCI y cuenta con la representación legal del congresista.
Aunque el defensor de Cordero afirmó que la legisladora ya no desempeña dicho cargo desde 2020, el penalista Luis Vivanco sostiene que enviar a su empleado implicaría utilizar fondos públicos para tratar asuntos privados, lo que podría constituir un delito de peculado.
Es importante destacar que, en abril de este año, la legisladora fue involucrada en un escándalo en el que se le acusó de reducir el salario de sus empleados para su propio beneficio, lo que resultó en su apodo de “mochasueldos” y su expulsión de la bancada de Fuerza Popular.
