Perú, el segundo país con mayor superficie forestal amazónica, enfrenta uno de los principales problemas ambientales: la pérdida de sus bosques primarios. Según el estudio de Global Forest Watch y la Universidad de Maryland, nuestro país perdió alrededor de 162 mil hectáreas de bosques en el 2022, lo que nos ubica entre los diez países con mayor deforestación en el mundo, ocupando el quinto puesto.
El proyecto Prevenir de USAID señala que entre las principales causas de la deforestación, los delitos ambientales sobresalen sobre todo en la Amazonía. Actividades como la expansión desordenada de la agricultura, el desarrollo de infraestructura pública sin la planificación idónea, la tala y minería ilegales, impactan gravemente sobre los bosques.
El principal delito ambiental vinculado al patrimonio forestal en el Perú es la tala ilegal. Esta incluye la pérdida de bosques, por ejemplo, para la extracción selectiva y sin licencia de árboles, especies maderables y madera de áreas protegidas o restringidas por el Estado. Loreto, Madre de Dios y Ucayali son las principales productoras de madera en el Perú y son las más afectadas por la tala y el tráfico ilegales de productos forestales maderables.
Se estima que esta actividad ilícita mueve alrededor de 112 millones de dólares al año y que el 85 % de la madera ilegal que se extrae en el Perú tiene como destino el mercado local y solo 15 % es para exportación, de acuerdo de datos de ProInversión. Por ello, la conservación de bosques y otros ecosistemas conforma un eslabón primordial en el éxito de las actividades económicas del país, como la provisión y regulación del agua, el ecoturismo, y el desarrollo de la agricultura.
