La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), se encuentra enfrentando nuevos cuestionamientos por su gestión logísticas durante las elecciones de 2026, luego de que se revelara que el traslado de cédulas de sufragio se llevó a cabo mediante la convocatoria de taxista y conductores particulares a través de WhatsApp.
Dicha modalidad incluyó la participación de unidades sin las condiciones de seguridad exigidas para el manejo del material electoral, lo que abrió dudas sobre la integridad del proceso. Según la información difundida, intermediarios coordinaron la contratación de los conductores, quienes aceptaron trasladar votos de miles de ciudadanos a cambio de pagos que fluctuaban entre S/35 y S/50 por hora.
Transportistas involucrados en esta modalidad expresaron su malestar por demoras de pagos. De acuerdo con sus testimonios, los intermediarios condicionaron la cancelación de los servicios a una aprobación presupuestaria posterior, pese a que los traslados ya se habían ejecutado. Esta situación causo incertidumbre entre quienes participaron en la operación logística.
Especialistas en derecho penal y representantes de organismos anticorrupción advirtieron que estas fallas operativas afectan directamente el derecho al sufragio y la contratación de servicios sin garantías constituyen negligencias que comprometen la confiabilidad de los resultados oficiales. La ONPE, bajo este contexto, quedó expuesta a cuestionamientos sobre la formalidad y seguridad de sus operaciones en un momento clave para la institucionalidad democrática.
